Alrededor de 30 personas, entre ellas 20 niños, trabajaban “en situación de servidumbre y bajo condiciones insalubres” en la granja de un proveedor mayorista de huevos de la localidad de Capilla del Señor, en el interior de la provincia de Buenos Aires, según informó ayer el fiscal de Zárate-Campana Juan Maraggi. La situación se descubrió por una denuncia realizada por el Juzgado de Garantías de San Isidro. El fiscal allanó el lugar junto al Ministerio de Trabajo bonaerense y confirmó que la empresa avícola Nuestra Huella “electrificaba el perímetro por la noche” para que nadie saliera ni entrara; que en cada galpón trabajaba “de 7 a 21 todo un grupo familiar, incluso niños de cinco a diez años”, y que cada familia –siete en total– cobraba “800 pesos mensuales”, según precisó Maraggi en diálogo con Página/12. El encargado de la granja fue demorado y la proveedora de huevos tiene cinco días para regularizar la situación.

El predio de la empresa Nuestra Huella está ubicado en la localidad bonaerense de Capilla del Señor, en el departamento de Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar, en el norte de la provincia de Buenos Aires. En ese enclave, se encontraron siete naves de gallinas ponedoras, que “eran cuidadas cada una por una familia, que cobraba un monto de 800 pesos por mes”, indicó Maraggi. De las alrededor de 30 personas, 20 son niños y jóvenes y sólo uno de todos ellos trabajaba en blanco. La jornada habitual se extendía entre las 7 y las 21, y durante esas 14 horas todos los integrantes de la familia ayudaban para alcanzar una producción diaria requerida de once mil huevos, según las estimaciones que hizo fiscalía número 2 de Zárate-Campana, a cargo de Maraggi. Pero hay más: según una denuncia que un empleado hizo ante la Embajada de Bolivia, habría “20 granjas” de la firma, en las que trabajarían “200 bolivianos” en condiciones de precariedad laboral.

Según el denunciante, Oscar Taboada Ortuño, la granja avícola es propiedad de Carlos Luaces y los contratados se arreglaron con Viviana Vallejos, “encargada y supervisora de todas las granjas” de esa empresa. Pero en ningún caso los contratos hacían explícita la “reducción a la servidumbre” a la que los empleados fueron sometidos después. Según planteó el fiscal, existen otros hechos “graves” constatados: los trabajadores no poseen documentación en regla; no tenían protección sanitaria ni de seguridad social; el perímetro de la granja estaba electrificado a 220 voltios y era imposible salir de allí, y las condiciones de trabajo y de las precarias viviendas a las que se veían confinados los trabajadores eran insalubres, siempre según las precisiones aportadas por Maraggi a este diario.

El peligro estaba latente durante el horario laboral: los colchones de guano de las gallinas se cambiaban cada tres meses, había veneno para moscas en cestos en todo el predio y dentro de las naves, y una gran cantidad de esos insectos pululando por todo el lugar. En esta precaria cotidianidad, “una de las mujeres sufrió un aborto natural a los seis meses de gestación, como consecuencia, al menos en principio, de la exposición a estas condiciones” de escasa corrección sanitaria. Y, para más, los trabajadores cumplían funciones de lunes a domingo, sin descanso; por lo que los más pequeños tampoco tenían la posibilidad de estudiar.

Pero como se confirmó en el allanamiento realizado ayer a la granja, las condiciones insalubres no se reducían sólo al ámbito laboral. En las casillas, ubicadas “a no más de seis metros” de las naves, estas personas subsistían “sin ventanas ni ventilación, sin puertas internas entre las habitaciones ni con el baño, y sin camas, ya que dormían en colchones, directamente sobre el piso”, según describió la fuente judicial. “Nunca denunciamos por miedo, porque Carlos Luaces nos anda amenazando con que no vamos a poder encontrar trabajo en ningún lado, ni nuestro hijos ni nuestros amigos”, reveló Taboada Ortuño a la embajada de su país.

A partir de estos elementos, el Ministerio de Trabajo bonaerense intimó a la empresa mayorista a que “dentro de los cinco días –a partir de ayer– se regularice la situación”, comentó Maraggi. “Comprendemos que el trabajo agrario tiene otro régimen por ley, que la gente debe vivir en el lugar y que las gallinas ponen huevos a la mañana y a la noche, de lunes a domingo–admitió el fiscal–, pero, de todas formas, las condiciones en las que se realiza ese trabajo deberán ponerse en regla.” Maraggi inició una causa que, por el momento y hasta tanto se cumpla el plazo de cinco días que se le dio a la firma, permanece sin calificación legal. “Debemos resolverlo, porque hay ‘reducción a la servidumbre’, ‘privación ilegal de la libertad’ e irregularidades al respecto de la documentación de los empleados”, enumeró Maraggi.

Por su parte, las autoridades de la Embajada y el Consulado de Bolivia acudirán hoy a las oficinas fiscales de Zárate-Campana para dialogar con el fiscal y las autoridades de la cartera provincial de Trabajo, y los trabajadores bolivianos que denunciaron la explotación en la granja.

Informe: Luis Paz.