El debate por la despenalización del aborto busca una nueva oportunidad en el Congreso. Ayer, una nutrida delegación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que motorizan más de doscientas cincuenta ONG de todo el país, dijo presente en la Cámara de Diputados con sus pañuelos verdes, símbolo de su lucha, a pesar del día helado, y volvió a presentar un proyecto que propone la despenalización hasta las doce semanas de gestación, sin más exigencia que la propia voluntad de la mujer, y más allá de ese límite en los casos de violación, peligro de salud o vida o malformaciones fetales graves. “Aspiramos a que la maternidad sea una elección y no un mandato. Por eso todas las mujeres deben poder decidir la interrupción de un embarazo sin arriesgar su vida, su salud física y psíquica”, plantean en los fundamentos. La iniciativa cuenta por primera vez con las firmas de quince diputados y diputadas de distintos bloques (socialista, Coalición Cívica, ARI Autónomo, aliados al kirchnerismo). Y con el apoyo de otros, como el oficialista Juan Héctor Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud.

“Nuestro lema es integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, destacó Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba, envuelta en su paño verde, tratando de engañar al viento gélido.

Como ella, representantes de otras entidades que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llegaron a la ciudad de Buenos Aires desde distintas provincias, para conmemorar con la presentación del proyecto el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Un año atrás, en la misma fecha, llevaron por primera vez la iniciativa legislativa a Diputados. Pero pasó un año sin ser tratada. “Renovamos nuestra exigencia con la firma de diputadas y diputados de diferentes bloques para lograr que el tema del aborto sea debatido en el Congreso nacional”, señaló a Página/12 Elsa Schvartzman, del Foro por los Derechos Reproductivos. La Campaña se lanzó el 28 de mayo de 2005.

Las socialistas Silvia Augsburger y Laura Sesma; Fernanda Gil Lozano, Marcela Rodríguez y Fabián Peralta de la Coalición Cívica; Cecilia Merchán y Victoria Donda Pérez de Encuentro Popular y Social, aliado al kirchnerismo, Claudio Lozano de Buenos Aires para Todos; Delia Bisutti, Leonardo Gorbacz, Verónica Benas y Nélida Belous, de ARI Autónomo, y Marijo Areta, de Frente de Todos, son algunos de los diputados que estamparon sus firmas en el proyecto.

En diálogo con este diario, el oficialista Sylvestre Begnis se comprometió a “estimular la discusión para ver si nuestro país está en condiciones sociales, culturales, políticas y sanitarias de incorporarse al grupo de países en el mundo que tienen reglamentada la oportunidad de la decisión de las mujeres respecto de la interrupción de un embarazo” (ver aparte).

El proyecto que impulsan las organizaciones de la sociedad civil es el fruto de un amplio debate al interior del movimiento de mujeres. Establece que los servicios de salud del sistema público “garantizarán el acceso gratuito” al aborto a las mujeres que lo soliciten “durante las primeras doce semanas del proceso gestacional” y fuera de ese plazo “si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud”, “si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer” y “si existieran malformaciones fetales graves”. Los servicios de la seguridad social y de los sistemas privados de salud deberán incorporar la atención de estas situaciones “en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones”, indica el proyecto. La iniciativa contempla la objeción de conciencia para los médicos y demás personal de salud. Y aclara tajantemente que no se requerirá autorización judicial para realizar las prácticas en ningún caso.

La Campaña tiene el apoyo de numerosas personalidades de la cultura como el bailarín Julio Bocca, el matemático y periodista Adrián Paenza, la escritora Angélica Gorodischer, los actores Gastón Pauls y Gustavo Garzón, las actrices Belén Blanco y Soledad Silveyra y el cantante Víctor Heredia, entre muchos otros.

“Garantizar servicios de aborto legal, seguro y gratuito se fundamenta en una razón de salud pública: la gran cantidad de abortos que se producen a diario con graves secuelas y daños para las mujeres que acuden a esta práctica y que podrían evitarse si estuvieran garantizados servicios integrales”, plantean las ONG en los fundamentos de la iniciativa. Las estimaciones más recientes indican que ocurren 460 mil abortos inducidos por año en la Argentina. Anualmente alrededor de cien mujeres mueren por complicaciones de abortos inseguros. Estas complicaciones representan la primera causa de mortalidad materna (ver aparte). Y están relacionadas con procedimientos precarios utilizados para la interrupción del embarazo y con la demora en la búsqueda de atención médica debido a problemas de transporte pero también a la clandestinidad en la que se realiza esta práctica.