“Es la primera vez que en la conferencia más importante a nivel mundial sobre sida una trabajadora sexual puede contar con sus propias palabras las aberraciones, la discriminación y la injusticia que sufre esta población en el mundo. Pudimos llegar, gritar estas verdades ante más de 10 mil personas y exigir el cumplimiento de nuestros derechos en cada uno de nuestros países.” Así lo describió Elena Reynaga, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) y secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, en diálogo con PáginaI12, luego de hacer su ponencia en la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida, que se desarrolla hasta el viernes en la Ciudad de México.

Durante su exposición –por la que fue ovacionada por los presentes y seguida por miles de personas vía Internet–, Reynaga señaló la “falta de reconocimiento como trabajadores” como la principal causa de la prevalencia del VIH en las trabajadoras y trabajadores sexuales. “No se busca ninguna clase de legislación en especial, sino la posibilidad de contar con los derechos de cualquier trabajador”, sostuvo.

Para reducir la exposición de ese sector al VIH “es necesario lograr que se respeten sus derechos humanos. En algunas partes del mundo directamente no son tomados como sujetos de derecho, se les niega el acceso a la salud e incluso a la propia existencia”, advirtió.

A la hora de hablar de VIH, existe una premisa naturalizada que señala a las personas que subsisten mediante el trabajo sexual como una “población vulnerable ante la epidemia”. Afirmación que Reynaga se encargó de refutar, dándole otro giro: “En realidad, nos convierten en un grupo más vulnerable con políticas que nos reprimen de distintas maneras”.

La dirigente, que inició su militancia en 1994 a través de la creación de Ammar, remarcó que “no sólo en Argentina las trabajadoras sexuales son reprimidas por la policía, que encarcela a compañeras, las golpea y las viola, sino que además les da la espalda porque la Justicia ignora sus denuncias y no investiga la enorme cantidad de crímenes que aún permanecen impunes”. En América latina, en los últimos 10 meses las organizaciones civiles han contabilizado 34 homicidios de prostitutas.

La violencia estatal, que para Reynaga es “consecuencia directa del no reconocimiento de la prostitución como trabajo autónomo”, también se aplica desde las políticas públicas de salud. En ese sentido, rechazó los exámenes médicos obligatorios y solicitó la eliminación de la tarjeta sanitaria que algunos países exigen a las mujeres para ejercer el trabajo sexual por considerarlos “abiertamente discriminatorios”.

Así también entendió la actitud de los organismos internacionales que dejan fuera de los debates sobre políticas públicas para erradicar la epidemia a las organizaciones sociales de trabajadoras y trabajadores sexuales. “¿Quién mejor que nosotras va a saber lo que necesita nuestra población? –indicó–. Sin embargo llevan a cabo medidas, como la que recientemente elaboró Onusida sin consultarnos, como si nuestra actividad no fuera decente.”

Lo mismo sucede con el financiamiento que esas entidades ponen a disposición para luchar contra la enfermedad. Al respecto, la titular de Ammar denunció que “además de que se financia sin conocer las necesidades reales de las poblaciones, los recursos son escasos y no son administrados por las organizaciones de base de trabajadoras sexuales. Es hora de que no nos consideren parte del problema sino participantes necesarias de la solución”, concluyó.

Informe: Ailín Bullentini.