Algunos destacaron la medida como “un reconocimiento histórico”. Otros, más líricos, la llamaron “salvavidas”. Todos ellos, caminadores independientes que día y noche recorren las calles recogiendo cartones, papeles, plásticos y botellas de vidrio que venden para subsistir, se refirieron a que podrán, tras inscribirse como monotributistas, contar con obra social y jubilación. De una manera similar al caso de las empleadas domésticas, el monotributo de los cartoneros independientes será abonado por los actores que les compran lo recogido en las calles. La noticia llegó desde la propia Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que, como parte de la misma medida, establecerá un registro fiscal donde figuren “los distintos actores del proceso de reciclaje de basura”, entre los que se cuentan cartoneros, acopiadores, galponeros y hasta las grandes empresas que transforman eso que aquéllos recogen y clasifican en materia prima. El empadronamiento se llevaría a cabo a través de cooperativas y agrupaciones que nuclean a esta clase de trabajadores, por un lado, y con la colaboración de los municipios, por otro, aunque pareciera que aún no están dadas por completo las condiciones para que eso suceda.

De acuerdo a lo asegurado por Alberto Cruz, referente del Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros, Recicladores y Organizaciones sociales (Mntcryos), el plan de empadronamiento lanzado ayer por la AFIP “es el resultado de un diálogo que cooperativas, agrupaciones y cartoneros independientes mantuvimos a lo largo de varios meses con representantes de las cámaras de cartón, plástico, papel y vidrio, además de gente de AFIP”. Según los cálculos de la organización, son cerca de 100 mil las personas que viven de recoger y vender cartón, papel, plástico y vidrio en la provincia de Buenos Aires.

En sí, la medida presentada por la AFIP consiste en la inscripción de los formalmente llamados “recicladores urbanos” en las dos primeras categorías del sistema de monotributo, lo que supone el otorgamiento de beneficios sociales y previsionales. Es decir que, por primera vez en la historia argentina, aquellas personas que décadas atrás eran llamadas “botelleros”, y que no están asociadas a ninguna cooperativa o agrupación similar, podrán, de alguna manera, legalizar su trabajo y obtener, por él, obra social y jubilación.

“Significa algo tan importante como la unión a un programa formal de trabajo. Y eso quiere decir no sólo inserción laboral, sino también económica y social –apuntó Coco Niz, cartonero independiente del barrio porteño de Chacarita–. Hace mucho que estamos fuera del sistema.”

El mecanismo, a grandes rasgos, funcionaría de la siguiente manera:

–Como primera medida, es necesario que todos los actores de la cadena del material con el que trabajan estas personas, figuren en un registro, destacados por sus función en dicho proceso: recicladores (industrias que transforman la basura en materia prima), acopiadores (son los clasificadores del material. Ofician de puente entre los galponeros o cartoneros y los recicladores); galponeros (clasificadores) y generadores de scrap (empresas que comercializan los materiales a reciclar).

–Quien realice una compra de material a reciclar a los cartoneros deberá emitir un documento que “reemplazará” la factura de venta, donde figurarán las características de la operación y los datos del vendedor.

–Finalmente, al adquirir el material de los cartoneros, los recicladores deberán “hacerse cargo del pago del monotributo de aquéllos o efectuar un pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias por cada venta del producto reciclado”.

Sin dejar de resaltar que el anuncio “forma parte de un reconocimiento histórico”, Cruz señaló que “es sólo el inicio. Se trata de una manera de comenzar a legitimar el trabajo de tanta gente en todo el país que sufre el desprecio permanente de la sociedad”. En ese marco, indicó que el próximo paso es que “el Estado les pague por el servicio que realizan”. Igual de entusiasmado se mostró Niz, aunque dejó un vestigio de duda: “Esperemos –susurró– que lo prometido no caiga en saco roto”.

Informe: Ailín Bullentini.