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“No quiero judíos, ni chinos, ni coreanos ni homosexuales en mi departamento”, argumentó la propietaria de un inmueble ubicado en Barrio Norte y se negó a alquilar su departamento a una joven pareja de origen judío que, cerca de su casamiento, ya había pagado la seña en una inmobiliaria de la zona que ofrecía la propiedad. Ante tal respuesta, los jóvenes Leila Salem y Luciano Hertzriken se presentaron en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y radicaron una denuncia contra la dueña del departamento, Magdalena Sanfuentes, quien para defenderse “dijo que tenía miedo de que le pusieran una bomba al departamento si vivían judíos”, según relató Luisa Galli, la directora del centro de denuncias de ese organismo.
“Es evidente que la señora Sanfuentes tiene ciertas concepciones acerca de los seres humanos que décadas atrás se tradujeron en la muerte de millones de personas”, sostiene el escrito que presentó la pareja en el Inadi. En los próximos días, se presentará ante la justicia de instrucción en lo penal y en lo civil, según señaló su abogado, Gregorio Dalbón.
Sin embargo, la propietaria no cambió su postura y declaró ante el Inadi que “se limitó a ejercer su derecho de propiedad conforme a lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Nacional”, indicó Galli. “Dijo también que ella quería alquilarle a argentinos que fueran, en lo posible, del barrio y que tomaran mate, por lo que le contestamos que los militares que hicieron desaparecer 30 mil personas, también eran argentinos y tomaban mate”, continuó la directora del centro de denuncias del Inadi.
La reacción de Sanfuentes llegó apenas la pareja, a poco de su casamiento y con el departamento señado, quiso concretar la operación y tener la llave lo antes posible “para poder preparar muy pronto la ceremonia en la sinagoga”. Al escuchar esto, Sanfuentes, sin comentar nada frente a la pareja, le exigió a la inmobiliaria que pusiera alguna excusa para rescindir el compromiso de la seña. “Cuando vino acá, la propietaria siguió argumentando que ella tenía derecho a alquilar a quien quisiera. No lo discutimos, pero lo que no le cabe es deshacer un compromiso por causas discriminatorias”, afirmó Galli. En este sentido, el director del centro de denuncias del Foro de ONG contra la Discriminación, Daniel Barberis, señaló a la agencia Télam: “El derecho de propiedad es un derecho menor al lado del de los derechos humanos”.
En el dictamen que emitió el Inadi el 25 de setiembre pasado “se demuestra que hubo prejuicio y trato desigual que provocó un perjuicio”, lo cual es un elemento de prueba para el juicio por daño moral que iniciará el matrimonio contra Sanfuentes.