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Leemos en el diario el relato del director del Hospital Lagomaggiore, de Mendoza, sobre la niña de 12 años que se encuentra en grave estado, luego de sufrir infección generalizada, histerectomía y extirpación de un ovario, tras decidir interrumpir un embarazo, producto de una violación, en condiciones inseguras. También leemos su sugerencia para estos casos: buscar contención en el Estado, en última instancia dar en adopción al bebé.

No hay una única “solución” para la “situación no deseada como él llama al embarazo de la niña. Debemos considerar cómo pudieron haber sucedido las cosas si el aborto estuviera despenalizado como en México DF, o si se cumpliera con el artículo 86 que despenaliza casos como éste, si la niña hubiera podido confiar y hablar a tiempo de lo que le pasó, si se hubieran podido usar los métodos preventivos como la anticoncepción hormonal de emergencia, además de la medicación post-exposición, y además de tomar la muestras para identificar al responsable; si se hace el aborto con todos los cuidados, a lo que hubiera podido acceder la madre si fuera de clase media o alta, si se hubieran usado otros métodos más seguros y adecuados como el misoprostol, etc., etcétera.

Podríamos pensar en chic@s que reciben educación sexual integral desde la primera infancia, en acciones de gobierno que intentan revertir la naturalización de la violencia de género (en ocho meses 15 violaciones fueron atendidas en ese solo hospital), en legislador@s que no cajonean los proyectos de legalización y se apuran a tomar seriamente un tema postergado que atañe a tantas personas, en niñas que crecen sabiendo que serán respetadas y serán madres sólo si y cuando lo deseen, o lo acepten, y no que son un cuerpo territorio de cualquiera: el abusador, el violador, el médico, el juez, el sacerdote, el prostituyente, el proxeneta, el estado, a veces el propio novio o marido.

No objetamos si una niña o mujer, en razón de sus propias convicciones, o por una decisión libre ante un dilema ético, decide adoptar su embarazo forzado y seguir gestando para criarlo o para darlo en adopción. Pero es inadmisible imponer la maternidad o una gestación bajo el supuesto de que es la única solución o “el mal menor”.

Se omite decir que quienes disponen de dinero eligen, ya que el aborto está despenalizado para quienes pueden pagarlo y pueden hacerlo en condiciones seguras. Otras, discriminadas de hecho, están a merced. Ahora, tan prestos a aplicar el artículo 85 como siempre remisos a aplicar el 86, las responsables serán también otras mujeres: la madre, que respetó la decisión de su hija e hizo como pudo lo que sí consideró el mal menor, la efectora fallida. Los principales responsables, por acciones u omisiones, “se lavan las manos”, como es usual. Ni sus cuerpos ni sus vidas están en juego.

Los grupos fundamentalistas anti-opción que vergonzosamente irrumpieron en el Hospital Humberto Notti, también en esta provincia, meses atrás, para presionar a una menor e impedir la concreción de un derecho en un hospital público, también son responsables de este lamentable desenlace. Al igual que el Comité de Bioética de la misma institución, y quienes denegaron realizar el aborto no punible ¿ésta es la contención que la niña debía haber buscado en el Estado?

Estar a favor de la legalización del aborto significa estar a favor de la vida y salud de estas mujeres y niñas, y bregar por los otros lemas de nuestra campaña, es estar realmente a favor de la baja posible del número de abortos. El statu quo es esta niña, esta madre, tantas otras, y esta infinita “cadena de desgracias”.

* Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito.