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El monocultivo de soja es política de Estado desde hace quince años. Todos los gobiernos, sin diferencia de signo político, avalaron e impulsaron que Argentina hoy sea el tercer productor mundial de grano de soja y el primer exportador mundial de aceite de la oleaginosa. También fue política de Estado, de todos los gobiernos, permitir las consecuencias sociales y ambientales que acarrea el modelo de agronegocios. No comenzaron con la Resolución 125 los desalojos compulsivos de campesinos y pueblos originarios. No nació en marzo pasado la judicialización y represión indiscriminada que se padece a diario en los ranchos rurales. Tampoco es nueva la expulsión violenta de familias numerosas, siempre de la mano de empresarios sojeros (muchos de ellos miembros de la Mesa de Enlace). Y mucho menos es nueva la contaminación ambiental y los desastres en la salud que ocasiona el modelo agropecuarios vigente, donde el glifosato (o Roundup, marca comercial de la multinacional Monsanto) es sólo su cara más famosa.

No es necesario ser científico para comprobar el efecto tóxico de los agroquímicos. En Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Formosa y en todos los ranchos campesinos se pueden observar los efectos del agrotóxico. Puede ser en los ojos rojos y llorosos de una niña, en la piel en carne viva de una abuela, en las malformaciones prenatales, en los embarazos que no llegan a término o en la muerte de chicos fumigados. El Movimiento Nacional Campesino Indígena lo resumió en tres palabras: “Un desastre sanitario”.

Durante los últimos cinco años, las hectáreas dedicadas a la soja transgénica no pararon de crecer, al igual que el uso de glifosato y también las denuncias de pueblos originarios y familias campesinas. Ningún gobierno (ni provincial ni nacional) tomó nota. El Ministerio de Salud nunca aceptó hablar sobre el tema. En mayo último, este redactor detectó un relevamiento sanitario en el sitio web de la cartera. Las conclusiones confirmaban efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica y de ojos. Apuntaba al glifosato. Ante la consulta periodística, desde el Ministerio de Salud no aceptaron hablar y retiraron el estudio del sitio oficial. Tampoco quisieron referirse al tema el Senasa, el INTA y la Secretaría de Agricultura, todos organismos del Estado. Por ello, que la Presidenta solicite estudios no puede menos que provocar escepticismo.

Tampoco se debe creer que el glifosato y Monsanto son los únicos males del país. El reciente veto presidencial a la Ley de Glaciares y la muy demorada reglamentación de la Ley que Bosques confirman que –por más estudios que se realicen– agronegocios, pasteras, agrocombustibles y minería obedecen a un mismo modelo extractivo que es hoy política de Estado.