El bloque mayoritario del PRO en la Legislatura porteña y un grupo de diputados de la oposición le hicieron un guiño ayer a la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) para que continúe con sus operativos contra personas en situación de calle, como informó Página/12 en su edición del 8 de marzo. Una sesión especial del cuerpo que había sido convocada para interpelar al ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, fracasó por falta de quórum –sólo se hicieron presentes 25 legisladores cuando eran necesarios 31– y ahora el tema pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. De ese modo, el máximo responsable de la UCEP se evitó el trámite de dar explicaciones sobre lo inexplicable. Sí, en cambio, un grupo de diputados liderados por Liliana Parada, del bloque de Igualdad Social, anunció en conferencia de prensa que intentará derogar, mediante la votación de una ley, el decreto 1232/08 que le dio vida a la patota de los desalojos compulsivos tanto en las plazas como en los edificios.

Apenas pasadas las 3 de la tarde, el vicepresidente 1 de la Legislatura, Diego Santilli, le otorgó la palabra a Parada. La diputada pidió media hora más para convocar al recinto. Y también insistió en que se tocara el timbre. La prórroga no surtió efecto. Sólo 25 de los 60 diputados que tiene la Legislatura bajaron a sesionar. La sala estaba semivacía, un grupo de colaboradores flanqueaba a Santilli en el hemiciclo desde donde levantaría la sesión media hora después, mientras que en las gradas, Marcelo Ramal, del Partido Obrero (entremezclado con algunos periodistas), acompañaba el pedido de citación al ministro. Cuando el vicepresidente de la Legislatura pidió que se determinara si había quórum con los diputados en sus bancas, la cuenta llegó apenas a aquellos 25.

En la conferencia de prensa posterior, Patricia Walsh, de Nueva Izquierda, denunció las inasistencias de sus colegas Inés Urdapilleta, Silvina Pedreira, Juan Manuel Olmos, Ivana Centanaro y Christian Asinelli del Frente para la Victoria (este último se encuentra en Estados Unidos), Teresa de Anchorena de la Coalición Cívica, Marcelo Meis de Recrear y Fernando Cantero de Autonomía con Igualdad, descontando que los 26 del PRO se negarían a tratar el pedido de interpelación a Piccardo.

En efecto, así ocurrió. Ningún diputado oficialista se hizo presente, aunque una versión que circuló en el recinto da por sentado que el ministro es resistido también por ciertos legisladores del PRO. En el encuentro con los medios al que asistieron Parada y Walsh, además de Aníbal Ibarra, Martín Hourest, Enrique Olivera, Eduardo Epszteyn y Diana Maffía, se dieron algunos detalles sobre los recursos con que cuenta la UCEP. Su presupuesto anual asciende a 1.083.000 pesos sin contar los salarios de sus 29 integrantes. El grupo tiene su centro operativo en el edificio Del Plata, en la calle Carlos Pellegrini, 5 piso.

Desde allí, la unidad creada por un decreto de Mauricio Macri sale a la caza de indigentes que ocupan el espacio público. Buenos Aires, por las noches, se asemeja así al Tucumán de Domingo Bussi, el militar que en julio de 1977 hizo algo parecido con los linyeras de esa provincia: los expulsó al desierto de Catamarca.