[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Pedido denegado. El sacerdote Julio César Grassi seguirá en prisión al menos hasta que se resuelva su situación procesal, según resolvió ayer el juez a cargo de la causa, Alfredo Meade. El magistrado rechazó un pedido de nulidad de la causa, efectuado por la defensa del sacerdote detenido desde hace una semana, acusado de abuso deshonesto y corrupción de menores. En tanto, el fiscal Adrián Flores tiene todavía una semana para resolver si pide la prisión preventiva de Grassi por los delitos que se le imputan. Aunque este plazo es prorrogable por otros 15 días, fuentes de la fiscalía adelantaron a Página/12 que “hay mucha información que ordenar, pero si ninguna de las pruebas que tenemos ni de la gran cantidad que recibimos en los últimos días se vuelven en contrario, la solicitud de prisión preventiva para Grassi podría salir a partir de la semana que viene”.
“Al día de hoy no varió la prueba tenida en cuenta al solicitar la detención del padre Grassi”, sentenció ayer el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate. Con su resolución, el juez de garantías Alfredo Meade validó el primero de los testimonios de identidad reservada que implicaron al cura, el de un joven de 19 años apodado “Gabriel”, y rechazó el pedido de libertad por falta de mérito, presentado por el abogado defensor del cura, Jorge Sandro.
Flores y Woodgate remarcaron ayer que “esta última semana la investigación recibió un impulso muy grande con el aporte de información que ahora habrá que analizar y evaluar cuidadosamente” y señalaron que “se avanzó en la investigación de otros hechos presuntamente delictivos que, de haber ocurrido, serían imputables al padre Grassi”.
La resolución de Meade dictaminó la legalidad de la norma aplicada cuando dispuso que los testigos declararan bajo identidad reservada, criterio cuestionado por la defensa de Grassi, con la justificación de que el cura “tiene derecho a conocer quién lo acusa”. Ayer mismo, Sandro adelantó que apelará la resolución del magistrado e intentará ante la Cámara en lo Penal de Morón revertir la suerte del sacerdote, detenido desde el pasado jueves 24. En ese sentido, se cree que la resolución podría demorarse hasta alrededor del 20 de noviembre ya que las pericias psiquiátricas al sacerdote, determinantes para evaluar su conducta, recién comenzarían sobre el fin de la semana próxima.
Por otra parte, ayer se supo que, por su seguridad personal, la Justicia retiró del hogar de la fundación a uno de los jóvenes que testimonió contra Grassi. El joven de 20 años, que hasta el miércoles permanecía en el Hogar de la Fundación, es uno de los cinco testigos que declararon contra Grassi en la causa judicial. La denuncia sobre su presunta situación de riesgo había sido presentada en el juzgado número dos de Morón por el titular del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Norberto Liwski.
Flores destacó que en los últimos días recibió en la Unidad de Investigaciones “varias denuncias a través del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, donde se mencionaban que menores podrían estar siendo amenazados o presionados para que declaren en distintos sentidos”.
En relación con Juan Domingo Pérez, el ex policía responsable de la dirección de los hogares de la Fundación, relevado tras conocerse que tenía en su contra seis denuncias por violencia familiar, el director provincial de Asistencia de la Infancia y la Adolescencia, Pedro Kauffman, responsabilizó “al juez que conocía las denuncias contra Pérez, que nunca notificó del caso a la Subsecretaría de Minoridad bonaerense”.