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“Se robaban hasta las plaquetas de los cementerios. Cualquier cosa que tuviera cobre era bienvenida”, dijo a Página/12 el comisario Osvaldo Cabral. El policía estuvo a cargo del operativo en que, juntamente con la AFIP, se desbarató la organización más importante de fundición y exportación de cobre y bronce robado del país.
La investigación, que culminó ayer con más de 30 allanamientos y 8 containers de material secuestrado por infracción a la ley penal tributaria y contrabando, comenzó cuando los inspectores de la AFIP notaron que la Argentina estaba exportando grandes cantidades de cobre, lo cual no se condecía con las montos que se producían en el país.
Esto motivó que se comenzara a indagar en la conformación de las empresas exportadoras y, sobre todo, en quiénes eran sus proveedores. Así tras varios meses de trabajo se dispuso el allanamiento de las oficinas y los depósitos de cuatro empresas, todas ellas radicadas en Capital, que acumularon el mayor número de sospechas. Lo que más llamó la atención de los inspectores era que todas estas empresas eran ajenas a la elaboración del cobre y, sin embargo, declaraban como su única actividad la exportación de metal.
“Estas empresas existían legalmente, estaban inscriptas, pero su único objetivo era comprar el cobre robado y sacarlo del país. Todas las facturas de pago a proveedores que presentaron eran truchas y el material secuestrado provenía de cables eléctricos, plaquetas de cementerios e incluso crucifijos que fundían para su posterior exportación”, comentó el comisario Cabral, titular de la división de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal.
Las facturas que se encontraron dan cuenta de una operatoria que comenzó a fines del año 1999, y se magnificó notablemente desde la devaluación. “Si antes sacaban un container, ahora obtenían ocho”, dijeron los investigadores. Es que el precio del material saltó, a principios de este año, de 60 centavos a 2,80 pesos el kilo, por lo que se convirtió en un excelente negocio para los delincuentes y un gran dolor de cabeza para las compañías eléctricas y de teléfono, principales afectadas por los robos de cables. La causa quedo en manos del juez Guillermo Tiscornia y se espera que para los próximos días, a partir del análisis del material secuestrado, se produzcan algunas detenciones.