En un hecho inédito en el país, el gobierno del Chaco pedirá disculpas públicamente a una joven toba por haberle negado justicia en esa provincia en un caso de violación. Se le pagará además una indemnización de 53 mil dólares y se le entregará una vivienda, entre otras medidas reparatorias. La muchacha es muy pobre y vive en un pueblito aislado de El Impenetrable, a unos 400 kilómetros de Resistencia. El 3 de octubre de 2003, cuando tenía 15 años, fue violada por tres jóvenes “criollos”, vecinos del lugar. A pesar de que la amenazaron para que callara, la chica –identificada como L. N. P.–, hizo la denuncia. Pero la delegación policial demoró en tomarla y la envió a un centro sanitario, donde fue maltratada. En el juicio quedó probado el acceso carnal por la fuerza pero los tres imputados fueron absueltos de culpa y cargo por un tribunal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en un proceso plagado de irregularidades, prejuicios de género y discriminación racial. En el fallo, los jueces consideraron que “no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual” (ver aparte). Los atropellos a los derechos de L. N. P. fueron denunciados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU –tal como reveló un año atrás Página/12–, donde la Argentina enfrenta una demanda. Antes de que llegue la probable condena, el gobierno del Chaco acordó empezar a reparar el daño provocado a L. N. P. por el papel que jugó el Estado para dejar impune la violación.

El acto simbólico de reparación se hará el mañana en la Casa de Gobierno. Ayer, el director provincial de Defensa de la Democracia y del Ciudadano, Julio García, confirmó a este diario que está previsto que lo encabece el gobernador, Jorge Capitanich. L. N. P. irá acompañada por su familia y por integrantes del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario, y el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), con sede en Perú, las dos entidades que llevaron la denuncia ante el CDH.

“Es muy positivo que antes de que salga la condena de Naciones Unidas empiecen a reparar a L. N. P.”, destacó la abogada rosarina Susana Chiarotti, miembro de Insgenar y responsable del Area de Monitoreo Internacional de Cladem. Chiarotti estará en la ceremonia junto a la titular de la oficina en Argentina de Unifem, la española Maider Orta, y a miembros de la asociación indígena Megue Xogochi. Jóvenes de esa ONG hicieron 80 kilómetros en bicicleta hasta la localidad de Castelli para denunciar el caso por teléfono ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando se enteraron de que los tres imputados de la violación de L. N. P. estaban en libertad. En el pueblo de L. N. P. –cuyo nombre se mantiene en reserva para preservar a la joven– no hay teléfono público ni llegan las señales de los celulares. Ese llamado fue la puerta para que el caso llegara a un organismo internacional y derivara luego en este acuerdo emblemático.

Además estará la diputada provincial aborigen Inocencia Charole, que semanas atrás denunció en tribunales del Chaco a funcionarios del Programa Paicha, que brinda ayuda a El Impenetrable, por presunto abuso sexual de dos chicas de una comunidad wichí, a quienes les habrían exigido favores sexuales a cambio de comida.

“Para nosotros el acuerdo al que se ha llegado en el caso de L. N. P. es un antecedente muy importante. Generalmente los aborígenes no acceden a la Justicia y cuando hacen una denuncia terminan imputados ellos mismos o sus patrocinantes”, señaló García, abogado indigenista y funcionario del gobierno chaqueño.

El pedido de disculpas a la muchacha es un paso fundamental porque significa el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por haberle negado justicia tras la denuncia de violación sexual. En el petitorio elevado ante la CDH, Cladem e Insgenar pidieron además una indemnización por el daño material y moral para la muchacha, que se le ordene al Estado argentino “la inmediata capacitación de funcionarios y operadores de justicia para evitar la repetición de actos discriminatorios contra mujeres y niñas, especialmente en casos de violencia”, y que se disponga la creación de servicios de atención a víctimas de violencia sexual, “con personal y materiales dispuestos en los idiomas de la población afectada”.

El gobierno provincial le entregará a L. N. P. también una vivienda en la localidad de Castelli. La joven pidió que sea en ese lugar: así podrá alejarse de su pueblo, donde el caso se ventiló. A L. N. P. le resultó dificultoso continuar con sus estudios, dado que el padre de uno de los jóvenes que estuvieron imputados está vinculado con la escuela. Chiarotti contó que están negociando que le den una beca para que pueda seguir luego una carrera universitaria: “Ella quiere estudiar medicina”, contó la abogada.

L. N. P. fabrica canastos artesanales junto con su mamá. Su papá vive de changas. El año pasado viajó a Buenos Aires para participar el 29 de agosto de una reunión en la Cancillería junto a su padre y su hermano. En su bolsito, trajo algunos canastos para vender. Era la primera vez que salía de su zona rural, la primera vez que veía edificios de departamentos.