Desde París

Los dirigentes empresariales franceses caminan por los pasillos con la espalda pegada a la pared. Desde hace unos meses, un nuevo peligro los acecha, un peligro mucho más imprevisto que una huelga o que la llegada de un inspector de los impuestos: el secuestro. El cierre de empresas en cascada producto de la crisis mundial, el despido del personal, las magras indemnizaciones que cobran los empleados y las jugosas recompensas que se pagan los dirigentes han empujado a una suerte de acción social extrema a quienes se quedan sin trabajo y con los bolsillos casi vacíos. Ayer, dos ejecutivos de la empresa norteamericana Molex, fabricante de componentes electrónicos para autos, permanecían secuestrados por el personal. La empresa tiene previsto cerrar este año pero los trabajadores le exigen a la dirección la devolución de material que, según los sindicatos, fue enviado a Holanda así como el pago de 130 millones de dólares en indemnizaciones.

Al caso de Molex se le agrega a una lista consistente de empresas cuyo personal, confrontado al mal llamado plan social, respondió con la acción social del secuestro: Sony, Caterpillar, 3M, Scapa, Faurecia y Conforama vieron a sus responsables patronales secuestrados por el personal. El secuestro ha funcionado como un arma para forzar una negociación o reequilibrar las desigualdades de las indemnizaciones. La desesperanza y la violencia sorda de la injusticia desencadenó así otra forma de violencia: el personal llega al extremo de cometer un acto casi penal para reclamar sus derechos. “No es bueno para la democracia, no es sano para las relaciones sociales, no es sano para las negociaciones”, dijo hace unos días Hervé Novelli, secretario de Estado encargado del Comercio y de las PME. Las palabras de apaciguamiento y las advertencias del presidente francés, Nicolas Sarkozy, no tuvieron ningún efecto. Ayer, el personal del grupo alemán Continental llegó hasta a saquear la subprefectura de la región de Compiègne porque el tribunal rechazó la querella presentada por los empleados contra los argumentos con los cuales la patronal decidió el cierre de la planta y el despido del personal, casi 2000 personas.

No hay semana en la que no se produzca un secuestro o un intento. El telón de fondo que alimenta la bronca social es la extraordinaria disparidad entre los premios e indemnizaciones que se llevan los dirigentes empresariales, muy a menudo responsables de la mala gestión de la empresa y, por consiguiente, de la quiebra, y las migajas que reciben los empleados despedidos. Jérôme Pelisse, especialista en conflictos del trabajo y coautor del libro Los conflictos del trabajo en la Francia contemporánea, explicó al diario Libération que la violencia que se desprende de las imágenes de los secuestros es el espejo de otra violencia, que no se ve: “Hay que poner esas imágenes que chocan en relación con la violencia que soportan los empleados cuando pierden su trabajo, cuando, al proponerles indemnizaciones mínimas, no se les reconoce su trabajo. Esa violencia es social, invisible”. El análisis es de una coherencia implacable: paracaídas de oro para una minoría, miseria y desempleo para la gran mayoría. “El patronato ejerce tanta violencia, tanta presión, hay tanta injusticia y tantas violaciones sistemáticas al derecho que el mismo patronato crea las condiciones de hartazgo, de exasperación y violencia que conduce a estas situaciones”, dice Jean Claude, un sindicalista de la CGT que trabaja en una empresa en plena reorganización. Muy a pesar suyo, Jean Claude reconoce que los sindicatos tratan de evitar lo peor y conducir una negociación sana, pero, agrega, “no siempre llegamos a tiempo. Las bases, hoy, son extremadamente difíciles de contener, de razonar. La injusticia opera como un detonante y una vez que ese sentimiento se pone en marcha nada puede detenerlo”. Marcel Grignard, secretario nacional del sindicato CFDT, argumenta que los conflictos recientes son el resultado de “decisiones inaceptables e incomprensibles para los empleados”. La incomprensión y la inaceptabilidad de la situación tienen a menudo el mismo origen: las empresas cierran no porque no sean rentables sino porque son menos rentables que antes.. Ello fomenta una profunda sensación de desamparo e injusticia que lleva a concebir no sólo secuestros sino incluso amenazas de hacer volar toda la empresa.

El espectáculo indecente del despilfarro de decenas de miles de millones de dólares en las especulaciones financieras, los salvatajes millonarios decididos por los Estados para evitar la bancarrota de bancos y compañías financieras, las millonarias indemnizaciones recibidas por los dirigentes de esos mismas instituciones salvadas con dinero público tuvieron una influencia veloz en la conciencia social de importantes segmentos de la sociedad amenazados por el desempleo. Entre aceptar lo impuesto y secuestrar eligieron lo segundo. Además esa práctica, que tuvo su auge en Francia en los años ’70, no es rechazada por la sociedad. Dos sondeos de opinión revelan, uno, que el 45% de los encuestados juzga ese método “aceptable”; el otro, que el 63% de la opinión pública encuentra “comprensible” que se recurra al secuestro. Por ahora, el Ejecutivo amenaza con reprimir pero deja en suspenso la mano que castiga. La izquierda condena la práctica pero dice comprenderla. Algunos secuestros condujeron a nuevas negociaciones y, por ende, a reducir los márgenes abismales de injusticia. Uno de los sindicalistas que participaron en el secuestro de los directivos de Sony dijo en la televisión: “No sé si ganamos o perdimos, sólo sé que somos dignos”.