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El tratamiento legislativo de un régimen de responsabilidad penal juvenil originó un debate entre los especialistas. Unicef opinó en que hay que aprobar un sistema que establezca “un efectivo tratamiento y acompañamiento a los adolescentes en conflicto con la ley”, dado que el actual régimen penal de la minoridad, vigente desde la última dictadura militar, “se ha revelado inadecuado para garantizar un tratamiento” que permita lograr “la reinserción social y la disminución de la reincidencia”. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) opinó en cambio que si se mantiene el concepto “clasista” que tiene la Justicia, “los pibes pobres van a estar en una situación de mayor vulnerabilidad” cuando se baje la edad de imputabilidad, uno de los ejes de la nueva ley.

También expresó su postura la candidata a diputada nacional Vilma Ripoll (MST-Nueva Izquierda), que se mostró a favor de discutir “un nuevo régimen penal juvenil, siempre y cuando se implemente un verdadero plan de inclusión educativa y laboral” de los “400 mil jóvenes de 15 a 25 años que viven en la Capital Federal y el conurbano que no estudian ni trabajan y que son empujados a caer en la marginalidad, la droga y el delito, muchas veces como mano de obra de comisarios y punteros políticos”.

María del Carmen Verdú, de Correpi, dijo que “es cierto lo que dice (Raúl) Zaffaroni sobre la necesidad de otorgarles a los chicos las posibilidades de defenderse ante una acusación”, pero aseguró que “con grandes medias verdades no hacemos un tercio de verdad”. Sostuvo que el problema central, con el régimen actual y con el futuro, es que “los jueces no actúan de la misma manera frente a una imputación contra un chico pobre que contra un chico rico. Mientras al rico le aplican un reto, al pobre lo mandan a un instituto”.

“Si en este marco de justicia diferenciada se aprueba un nuevo régimen penal juvenil, los pibes pobres van a estar, todavía, en una situación de mayor vulnerabilidad que en la actualidad, de manera que no hay posibilidad alguna de modificar el problema de fondo”, insistió Verdú.

Unicef señaló que debe dictarse una nueva ley para reemplazar a la norma impuesta por la dictadura militar, dado que es necesario “aplicar medidas capaces de lograr la reinserción social y la disminución de la reincidencia” de esos chicos. Por eso, además de la nueva ley, Unicef demandó “una inversión presupuestaria suficiente” para que los institutos que alojen a los adolescentes garanticen que ellos puedan “retomar su educación, su formación para la vida social y para el trabajo”.

La postura de Unicef es que se deben priorizar las medidas “no privativas de la libertad para la mayoría de los delitos” cometidos por menores y que las penas deben ser “por períodos más breves” que en el caso de los adultos. También advirtió que habrá que instrumentar otras acciones para “enfrentar con eficacia la variedad de los problemas de inseguridad del país” que son “integrales, complejas y de diversa índole”. Para lograrlo será necesario producir “cambios culturales en todas las generaciones que sean superadores de la violencia”, además de “esfuerzos de inclusión social y represión del crimen organizado”.

Unicef insistió en que “los cambios en la legislación y en los tipos de respuesta que se da a la comisión de ilícitos” por parte de jóvenes es apenas “una parte de la solución” al problema de la seguridad. El organismo internacional resaltó que en la actualidad “un tercio de los lugares de detención” de adolescentes “no son especializados” sino que lo conforman “comisarías o servicios penitenciarios de adultos”. También se hizo hincapié en “un aspecto crucial”, como es “la existencia todavía escasa de programas efectivos de atención sin encierro”.