El fiscal federal Jorge Di Lello pidió la declaración indagatoria de los empresarios titulares de la fábrica de indumentaria Kosiuko, ante la denuncia de “trabajo esclavo” a que habrían sido sometidos dos costureros de nacionalidad boliviana, formulada por la Defensoría del Pueblo porteña y la Fundación La Alameda. La información fue difundida por la Defensoría, que motorizó la denuncia a partir del testimonio de los trabajadores, que fueron despedidos de un taller clandestino que presuntamente confeccionaba prendas para esa marca. “Los costureros fueron reducidos a la servidumbre”, dice la denuncia de la defensora Alicia Pierini. Di Lello pidió al juez federal Julián Ercolini la indagatoria de los dueños de la empresa Koswef SA, propietaria de la marca Kosiuko.