Un fallo de una jueza porteña terminó por desmoronar el sinuoso modelo de protección de la infancia a cargo del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes porteño. La jueza Myriam Rustán de Estrada dio un plazo de 15 días para que todos los chicos internados en el Hogar San José Obrero –dependiente de la Fundación Felices los Niños del padre Julio Grassi, pero intervenido por el Consejo porteño– sean derivados a otros sitios acordes con su estatus de niños porque en el lugar “se instaló la ley de la selva”. La intervención del Consejo, en octubre pasado, no sólo no mejoró ni un solo artículo de la ley selvática, sino que cuatro meses después su presidenta, Jessica Malegarie, decidió devolver al San José aquello que se le había quitado, el control sobre los niños, sin que nada hubiera cambiado. Sin embargo, la devolución quedó en la nada abruptamente y Malegarie reintervino el lugar al día siguiente de que Página/12 revelara la sorprendente devolución de pollos a la madriguera. El dictamen del defensor de menores Marcelo Jalil, que utilizó la jueza para emitir su fallo, describe el escenario del San José durante la intervención como paupérrimo, se pregunta “¿cómo es posible que los burócratas del Consejo devuelvan la conducción y responsabilidad del Hogar a gente elegida por la misma Fundación?” y acusa al organismo de “falta de compromiso, ausencia de toma de decisiones (...) que constituye un fracaso y una nueva frustración” para los chicos. Consultada por este diario, Malegarie dijo que “estoy muy preocupada por el desarraigo de los chicos y porque la exposición mediática los angustia”. No supo explicar hacia dónde se dirigía su sinuosa línea de defensa de los chicos devueltos pero no tanto, ni mucho menos, en qué arrollado hubieran terminado de no producir un cambio.

El Hogar San José Obrero fue fundado por el cura Julio César Grassi, que está siendo procesado por 17 casos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en la Fundación Felices los Niños, en Hurlingham, de la que depende el San José. El hogar del santo obrero está ubicado en Chacarita, dentro de un enorme predio sobre la calle Charlone 753, espacio que comparte con el Colegio Santa Teresa de los Andes, que depende de la Vicaría Episcopal de Belgrano. El 2 de septiembre pasado, un chico de 8 años del San José intentó suicidarse con un cable atado al cuello, en lo que luego se relacionó con continuos vejámenes. El 26 de ese mes, el caso fue llevado ante el defensor de menores de la Justicia porteña, Marcelo Jalil, por el obispo Horacio Benites Astoul, de la Vicaría porteña. Tal como reveló Página/12 cuando Jalil intentó entrevistar al chico, éste había sido trasladado a la sede de la Fundación Felices los Niños. El caso del intento de suicidio fue tomado por la jueza Rustán de Estrada, mientras que Jalil abrió una denuncia penal por abuso de menores. Cuando secuestró las carpetas de los 46 internados se destapó el escándalo.

La documentación que fue recogiendo llevó al pedido de intervención que fue ordenado en octubre pasado al Consejo porteño. “Es una intervención informativa”, intentó explicar Malegarie ante una consulta de este diario, aunque fuentes judiciales indicaron que “si fuera informativa se hubiera pedido un veedor y no una intervención”.

Según la ley 114, citada por Malegarie, el gobierno porteño es la autoridad de aplicación y tiene poder de contralor sobre los hogares de niños. Contralor inexistente, ya que la calamitosa situación en que se encontraban los niños del San José podría haberse supuesto siquiera a partir de la simple prevención de asociar el proceso contra Grassi y la posible repetición de los escenarios de abuso y corrupción en una fundación dependiente de la sospechada. Pero la intervención recién se produjo después de la investigación judicial. Y una vez iniciada la intervención, la anomia del Consejo continuó, ya que los informes de los propios equipos de profesionales del Consejo revelaban que la situación era escandalosa y que no se modificaba con la presencia de la interventora designada por Malegarie, una profesora “de educación física, especializada en cursos de alta montaña y el 90 por ciento del curso de salvavidas”, según indica el dictamen de la defensoría.

Malegarie aseguró que el plazo de la intervención era de 120 días, y que venció el 3 de marzo, momento en que se dispuso devolver el hogar a sus propietarios y “ordenar modificaciones edilicias, organizar las actividades del personal, y la atención de los chicos”. Así y todo, el dictamen de Jalil es lapidario aun en el período en que se mantuvo presente la intervención del Consejo. “Se reitera la continuidad de falta de agua –señala el dictamen–... también de limpieza en todos los espacios del Hogar, incluso salas que se encuentran en estado de abandono con insectos y vidrios rotos, y por cuyas ventanas ingresan los niños. Se señala que el 8 de febrero los propios chicos denunciaron la presencia de ratas en la cocina.”

El dictamen mencionó los informes de los profesionales del equipo del Consejo, que dejaban traslucir el abandono de los chicos, que muchos pedían ver a sus familias y que no había seguimiento ni interés por revincularlos, y que las autoridades del hogar suministraban “escasa información escrita acerca de la situación familiar de los niños”.

Jalil cuestiona severamente el acta acuerdo firmada entre Malegarie y la Fundación para cesar la intervención y la marcha atrás dada veinte días después, reinterviniendo el hogar, luego de que este diario publicara el escándalo.

El defensor de menores pidió como medida cautelar que se reubique a la totalidad de los chicos del San José, y que se ordene a la presidenta del Consejo, “bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia y violación de los deberes de funcionario público, a ejecutar en el plazo perentorio de diez días hábiles” la reubicación de los chicos, procurando no separar a los hermanos e informar sobre los lugares seleccionados.

En abril, durante la Semana Santa y en pleno período Intervención II, Maragalie logró esquivar otro papelón mayúsculo quizás sin siquiera enterarse, aunque el beneficio de la duda no corra a su favor: Julio César Grassi, el cura procesado y con pedido de 37 años de condena, acusado de 17 abusos sexuales y corrupción de menores de la Fundación Felices los Niños, había pedido autorización para entrar por la puerta grande del hogar de la calle Charlone. Quería dar una misa de Pascua, enchocolatar las manitas de sus adorados niños repartiendo aquí y allá huevecillos de Pascua, entregar juguetes a diestra y siniestra, acompañado de cámaras que tomarían el instante preciso en que su mano se posaba sobre los niños, felices, retratados para la eternidad con su santo protector. En Morón sabrían leer las imágenes y lo vano de las acusaciones.

No fue el Consejo porteño sino otra vez la Justicia la que intervino negando el permiso, por protección a los niños.