Desde México, D. F.

Luego de que el Distrito Federal aprobara hace dos años la interrupción legal del embarazo hasta las doce semanas de gestación, a la que ya recurrieron más de 23 mil mujeres, grupos ultraconservadores empujaron a los congresos locales de diez estados del país para legislar en sentido contrario.

La batalla es política y social. En la capital del país, la despenalización del aborto significó acabar con la “complicidad de un Estado patriarcal” que estigmatizó a quienes promovieron el pleno reconocimiento de los derechos reproductivos de la mujer.

Martha Lucía Mícher, directora del Instituto de las Mujeres del DF, sostiene que el gobierno capitalino “rompe con las complicidades de un Estado patriarcal y no impone juicios que propician la discriminación, y ahora favorece el acceso pleno de las mujeres a los beneficiarios del avance científico y tecnológico”.

En contraste, organizaciones vinculadas con la Iglesia católica y con el oficialista Partido Acción Nacional emprendieron desde hace dos años una eficaz campaña política para impedir que otras entidades del país adoptaran una legislación similar. Hasta el momento consiguieron que diez congresos locales en otros tantos estados aprobaran leyes antiaborto, la más reciente el pasado 8 de mayo, en Guanajuato, que garantizó el derecho a la vida desde el momento de la concepción en su Constitución local. Esta reforma se suma a similares realizadas en Baja California, Jalisco y Morelos (gobernados por el derechista PAN), así como a Campeche (que legisló en la materia el pasado 23 de abril), Sonora, Durango, Puebla y Quintana Roo (gobernados por el PRI), donde la interrupción del embarazo –en cualquier momento y casi bajo cualquier circunstancia– se castiga con penas desde cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, dependiendo de cada estado.

En Querétaro, gobernado por el PAN, el Congreso local rechazó el pasado 1º de mayo una reforma al Código Penal, propuesta por el izquierdista PRD, a fin de permitir la interrupción del embarazo cuando éste sea producto de una violación y exista denuncia del delito o bien cuando sea producto de una inseminación artificial no consentida.

Así, Querétaro y Guanajuato se convierten en los primeros en rechazar la posibilidad de aborto por violación, la única causa que está contemplada en las legislaciones penales de todo el país, y a pesar de que la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 obliga a las autoridades estatales a realizar abortos en caso de violación. En el caso de la Secretaría de Salud de Guanajuato, simplemente no la acatará, según el partido oficialista.

Esta norma sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que obliga al personal de salud a proporcionar métodos anticonceptivos de emergencia e interrumpir los embarazos de mujeres violadas que lo soliciten, entró en vigor el pasado 17 de abril.

Con más de 107 millones de habitantes, en este país se practican alrededor de 880 mil abortos anuales, según un estudio presentado en 2008 por el Colegio de México y las organizaciones no gubernamentales Population Council-México y Guttmacher Institute, de Estados Unidos, según cita la agencia IPS.

En México, solamente el Distrito Federal contempla la posibilidad del aborto voluntario, en el que la mujer que desee interrumpir su embarazo antes de las doce semanas no tiene que justificar de ninguna manera su decisión. Lo más cercano a esto en el país está en la legislación del estado de Yucatán, donde existe la posibilidad de abortar por razones económicas, cuando la mujer vive en situación de pobreza y ya tiene al menos tres hijos.

Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las leyes sobre aborto en México datan de la tercera década del siglo XX. Desde entonces, menos de la tercera parte fueron revisadas.

El avance antiabortista se da de la mano de grupos como Alianza Mexicana por la Vida, Red Familia y el Comité Nacional Provida, con los que la Iglesia católica ha formado equipos interdisciplinarios para oponerse al aborto legal con argumentos políticos, seudocientíficos y bioéticos, apoyados en medios de comunicación.

El sacerdote católico Agustín Rivera, rector de la antigua Basílica de Guadalupe y quien encabeza la Alianza Mexicana por la Vida, reclama que “la defensa de la familia y otros valores como el de la vida debe pasar a las acciones concretas, no sólo desde una cúpula religiosa, sino desde el ámbito de la sociedad civil”.

Sin embargo, estos grupos religiosos no representan a todos. Aidé García, de Católicas por el Derecho a Decidir, subraya que en el Distrito Federal se dio “una despenalización social del aborto”, debido a que la gente “lo acepta y lo respeta”.

Para el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que a finales de abril recibió un reconocimiento por esta política de salud pública de la fundación del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, la Ciudad de México “es la más avanzada de Latinoamérica y una de las más avanzadas del mundo en este aspecto”.

En un acto el pasado 24 de abril para celebrar los dos años de vigencia de esta ley, Ebrard destacó que las personas y organizaciones que lucharon por la despenalización del aborto hasta hace no mucho “fueron objeto de una persecución vergonzosa por defender una idea, excluidas, señaladas, golpeadas y hasta linchadas”.

Estados como Zacatecas y Guerrero, gobernados por el PRD igual que la Ciudad de México, así como Tamaulipas, gobernado por el PRI, tienen pendiente la discusión de leyes para la interrupción legal del embarazo.

A dos años de vigencia en la capital del país, más de 23 mil mujeres recurrieron a la interrupción legal del embarazo; el 22 por ciento de ellas viven en otros estados del país. Del total, solamente el 5 por ciento eran menores de edad. La inmensa mayoría de ellas (80 por ciento) tienen educación media o media superior, 16,2 por ciento son casadas, 25 por ciento viven en unión libre, 2,9 por ciento son viudas y 55,7 por ciento son solteras.

Otras 6188 mujeres iniciaron el proceso, pero desistieron después de pasar por los servicios de consejería, “lo cual habla de la decisión libre de la mujer para someterse a este procedimiento”, resalta Armando Ahued, secretario de Salud del Distrito Federal.

Lo más destacable es que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, en la Ciudad de México no se volvió a presentar ni un solo caso de complicaciones por un aborto mal practicado. “Antes nos llegaban perforadas, sangrando, infectadas y era un problema muy serio de salud pública”, según Ahued.