Llevadas por una necesidad extrema, la propia pero también la de cuatro compañeras contagiadas de tuberculosis que viven en casillas de chapa y madera, un grupo de travestis y militantes por la diversidad sexual protestaron en la plaza de San Justo, cabecera del municipio de La Matanza, el más grande del conurbano bonaerense. Pidieron acceso a una vivienda digna. Acceso al plan de viviendas federal, por ejemplo, donde se las posterga o rechaza por no tener “una familia constituida”, como confirma la activista Diana Sacayán, aunque ellas integren grupos familiares no convencionales. Cuando la protesta derivó en piquete y cortaron las calles aledañas, recién ahí salieron los funcionarios. “Hace cuatro años se niegan a recibirnos”, aseguró Sacayán, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).

La actividad comenzó cuando las primeras activistas fueron recibidas con la fina lluvia de las mangueras del personal de limpieza de la plaza. “Nos querían echar a toda costa, pero nos quedamos igual, mojadas y con frío”, dijo Sacayán. De la carpa que instalaron en el medio de la plaza colgaban las fotos que las mismas travestis sacaron a sus precarias viviendas y también la cifra que surgió del informe preliminar sobre la comunidad travesti, coordinado por la activista Lohana Berkins y la antropóloga Josefina Fernández: el promedio de vida de las travestis es de 32 años.

Con el correr de la tarde se formó un grupo de cuarenta personas entre las y los activistas de MAL, de Jóvenes x la Diversidad y el Movimiento de Integración Sexual Etnica y Religiosa. Eran en total 40 personas que se movilizaron hasta la puerta de la municipalidad, comandada por el intendente Fernando Espinoza. Hubo forcejeos con la policía y enseguida salieron algunos funcionarios, entre ellos el subsecretario de Gobierno, Daniel Barrera, quien ofreció una reunión a representantes de las tres entidades presentes.

La charla, según pudo saber este diario, fue “bastante fuerte”. Hubo promesas de derivar el reclamo a otras áreas o de incluir al colectivo en el Plan Federal de Viviendas. No hubo garantías y hasta se habrían negado a firmar un acta donde constara que hubo una reunión por este tema. Sin embargo, la comitiva fue hasta la Subsecretaría de Desarrollo Social, donde se consiguió ayuda para las cuatro travestis en situación de prostitución que están enfermas (una de ellas tuvo que ser internada ese mismo día).

Las travestis no reciben planes sociales ni otro tipo de subsidios estatales. Además, durante la protesta también se mencionó la discriminación sufrida a la hora de alquilar una pieza o de conseguir un garante para alquilar formalmente. “Muchas de las compañeras ni siquiera tienen documentos porque se los roban en la parada donde se prostituyen. El tema de la vivienda es uno más entre otros tantos como la salud, la educación y el trabajo digno”, apuntó Sacayán.

Esta activista intentó, como otras de sus compañeras, inscribirse en los planes de vivienda, pero no reunía requisitos como tener un menor a cargo o una “familia formalmente constituida”. “Gaby, una amiga, intentó anotarse y apenas la vieron le dijeron que no había más cupo, que era prioridad otra población. Por eso vivimos de alquiler en alquiler o hacinadas o como se pueda”, recordó Sacayán. “Es como si no les entrara en la cabeza que una travesti puede ser adjudicataria.”