La Justicia porteña frenó la principal obra pública que inició el gobierno de Mauricio Macri porque su ejecución podría derivar en un riesgo de contaminación para la principal fuente de agua potable de la pampa húmeda. Se trata del canal aliviador del arroyo Maldonado, una obra iniciada meses atrás con fondos del Banco Mundial pero cuyo desarrollo fue modificado de forma tal que debería atravesar el acuífero Puelche, una reserva que nutre de agua a las principales localidades de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. El juez en lo Contencioso Administrativo Vicente Cataldo ordenó parar la excavación que se realiza en la zona de Punta Carrasco, junto a la Costanera Norte, por donde debía introducirse la tunelera que tanto promocionó el gobierno porteño, a través de algunos medios, en los días previos a las elecciones legislativas. El magistrado hizo lugar a un recuso de amparo iniciado por los legisladores de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo y Sergio Abrevaya y el ex diputado porteño Milcíades Peña. El gobierno anunció que apelará la medida.

Los denunciantes advirtieron además que, antes de empezar la obra, la adjudicataria, que había cotizado 150 millones de dólares, aumentó la cotización en otros 16 millones de esa moneda. La empresa que ganó la licitación es la constructora Ghella Italiana, que luego de obtener la adjudicación de la obra se asoció con la argentina Iecsa, una empresa que pertenece a la familia Macri: su titular fue Franco –el padre de Mauricio–, que se desprendió de la compañía antes de que su hijo asumiera como jefe de Gobierno, pero la dejó en manos de su sobrino, Angelo Calcaterra.

La controversia judicial se originó porque el gobierno de Mauricio Macri modificó en forma inconsulta el proyecto que había sido aprobado por la Legislatura en 2005. La obra, en rigor, fue gestionada durante la gestión de Aníbal Ibarra, y licitada cuando Jorge Telerman era jefe de Gobierno, con el objetivo de resolver un problema crónico: el anegamiento de la avenida Juan B. Justo y alrededores, en Villa Crespo y Palermo, cuando las lluvias son muy copiosas. Consiste en la construcción de dos túneles paralelos al actual arroyo Maldonado, que tienen la misión de favorecer el escurrimiento de los desagües provenientes del noroeste del Gran Buenos Aires.

Los canales debían desembocar, según el proyecto original, en tres pozos o “pozo trifolio” que debía tener una profundidad no superior a 31 metros. “El tema llegó a discutirse en la Legislatura, porque existía el riesgo de que la perforación pudiera contaminar el acuífero Puelche, por eso se fijó una profundidad de 31 metros, junto a todos los detalles de la obra, en el anexo 1 de la ley 1660/05”, explicó Milcíades Peña, que participó del debate de esa norma, cuando era legislador. “Estamos ante un grave hecho de corrupción económica y ambiental”, sentenció Peña.

En la denuncia, se dice que “luego de firmar el contrato, el Gobierno solicitó a la empresa (en julio de 2008) que evaluara alternativas para acelerar los plazos de ejecución previstos en la ley”. Un mes después Ghella informó que “correspondía realizar un cambio en la geometría de la perforación ubicada en Punta Carrasco –la desembocadura del Maldonado– que debía profundizarse hasta los 55 metros, atravesando el acuífero Puelche”. Y estimaron que el cambio del proyecto representó “un incremento en el costo de la obra de aproximadamente 16 millones de dólares”.

Según concluyó el juez Cataldo, después de analizar la prueba presentada y las respuestas del gobierno porteño, “la modificación propuesta es de importancia no sólo en cuanto a su mayor costo sino, en especial, porque mientras la profundidad del pozo trifolio original (31 metros) no alcanzaba el acuífero Puelche, la del pozo único (48 metros) la supera”. Para el juez, si bien el gobierno porteño sostiene que la variante no afecta al acuífero, “Ese punto es central y no aparece claramente despejado y esa claridad se torna imperativa teniendo en cuenta las eventuales consecuencias negativas que podrían producirse si efectivamente hubiera afectación”.

El juez advirtió además que “genera dudas el trámite que recibió el nuevo estudio de impacto ambiental” que “pese a su considerable extensión, es analizado y aprobado en un solo día por más de un organismo”.

Pero por sobre todo, Cataldo observa que “no se ha podido ubicar ningún acto administrativo que autorice la modificación” mencionada. “Si se decidió modificar un aspecto de tal importancia, en la obra, ello debió como mínimo instrumentarse en una orden de ejecución”, que no aparece por ningún lado. Además, el juez advierte que “la modificación contradice una ley y un decreto”, por lo cual debería modificarse por ley.

“Si la obra va a afectar el acuífero Puelche, deberían ser consultadas las provincias involucradas”, dijo el diputado Di Filippo. El acuífero, en efecto, está en el subsuelo de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y parte de Córdoba. De allí, a través de perforaciones, se nutre el consumo de agua de las familias en localidades a las que no llega la red porteña. El peligro de daño ambiental estaría dado por posibles filtraciones de líquidos de desagüe contaminados hacia el acuífero.

“O el gobierno retoma el proyecto establecido en la ley o envía a la Legislatura los pliegos para ver cómo resolvemos este desastre ambiental y económico”, concluyó el diputado Abrevaya.

Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo de la obra, se informó que ningún funcionario hablaría del tema. Un vocero de esa cartera dijo que, pese a la resolución judicial, los trabajos continúan con la construcción de los arcos de hormigón armado que van a revestir el túnel.

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