El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación y organizaciones vecinales, denunciaron ayer el incumplimiento del plan de construcción de viviendas en el barrio La Cava del partido de San Isidro. Según el extenso informe, de las 1882 casas que debían edificarse hace más de cuatro años en el asentamiento de Beccar, sólo se hicieron 306 y a sus adjudicatarios les fueron entregados hogares con severas “irregularidades de construcción”, como fisuras en los techos y falta de cloacas. Pese a la notable deficiencia edilicia, el documento remarca centralmente un dato fundamental sobre la política habitacional actual: los problemas de articulación entre distintas instancias estatales a nivel nacional, provincial y municipal son parte necesaria y constitutiva “de las graves violaciones de derechos que se registran en los sectores más pobres de la población”, según el informe que presentaron las organizaciones.

Cerca de las 14, en la Casa de Galilea –una institución parroquial de Nuestra Señora de La Cava–, ante algunos vecinos y curiosos, se realizó la presentación del informe “La ejecución del Plan Federal de Vivienda en la Villa La Cava”. A partir de distintos métodos de recolección de datos –“desde análisis de censos y estadísticas oficiales hasta entrevistas a los habitantes del asentamiento”–, el documento confeccionado por el CELS, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Tierra, Vivienda y Trabajo, la Asociación para el Apoyo a Comunidades (APAC) y el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (Cohre) denuncia “el incumplimiento manifiesto y continuo de las obligaciones que le competen al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de San Isidro en materia de derechos humanos” los vecinos del humilde barrio de Beccar.

En el marco del Plan Federal de Vivienda, en enero de 2005 se lanzó el Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. “El gobierno nacional ponía la plata, el provincial controlaba la ejecución y la Municipalidad construía las casas. Pero después de cuatro años las viviendas que se edificaron fueron muchas menos que las previstas originalmente y los departamentitos construidos no cumplen con las condiciones habitacionales básicas”, dice el informe. La descripción de la situación “irregular” fue relatada a Página/12 por uno de los dirigentes de la Comisión de Tierra, Vivienda y Trabajo de la Cava. Con más de veinte años en el barrio, Telentino Domínguez aseguró además que “las viviendas no se ajustaron a las necesidades de las familias, sino que el criterio fue aglutinar (y hacinar) a las personas que vivían en una misma casilla”. Por ejemplo, si en las viejas construcciones “vivían dos grupos familiares juntos, a todos se les adjudicaba una única vivienda nueva”.

En realidad, según el documento del CELS, existió “una falta de claridad en el proceso de adjudicación de las viviendas (por parte del municipio), combinado con la adopción de criterios que resultan discriminatorios y claramente violatorios de la normativa nacional e internacional vigente”. En tal sentido, entre los principales incumplimientos gubernamentales figuran “la ausencia de consulta a los interesados directos en el proyecto y la falta de información completa, adecuada y veraz por parte de la municipalidad de San Isidro, a cargo de la ejecución del plan de construcción”.

En diálogo con Página/12, Gastón Chillier –director Ejecutivo del CELS– remarcó que “por un lado, el Estado vulnera el derecho de los vecinos a acceder a una vivienda adecuada y a un nivel de vida digno, al mismo tiempo que estigmatiza a los sectores excluidos y responde a su reclamo de manera violenta y represiva”. El vecino Domínguez reforzó los dichos de Chillier: “Desde la Municipalidad sólo se ampliaron las casas de los habitantes que son ‘amigos’ o que tienen influencias políticas”.

En el documento presentado ayer se explica que “desde los inicios del barrio se prometieron distintas soluciones habitacionales (pero) siempre con una falta de instancias reales de participación de los vecinos en el diseño, ejecución y control del plan”. Según el informe de más de 40 carillas, una vez comenzado el Plan Federal de Vivienda, los habitantes de La Cava no estaban al tanto tampoco de los “numerosos defectos de construcción así como de acceso a los servicios públicos”.

Entre las carencias, se señala que “en los techos (de las viviendas) son frecuentes las fisuras que causan filtraciones de agua; los baños no están instalados completos; y es común que no llegue el agua y en varios faltan los artefactos o se desmoronaron los soportes”. En cuanto a los pisos, el informe destaca que “todos, sin excepción se resquebrajaron” y respecto de los servicios esenciales “faltan cloacas, veredas, alumbrado público y servicio de recolección de residuos”.

Entre las conclusiones del texto, se recomienda “a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y vivienda de la Nación que realice una profunda auditoría (...) a los efectos de verificar al adecuado uso de los recursos públicos”. Porque como reflexionó el director del CELS, “en la villa Carlos Gardel de Morón se realizó el mismo plan que en La Cava y las consecuencias fueron las opuestas”.

Informe: Mariana Seghezzo.