Con un festival artístico en Lomas del Mirador, a pocos metros del destacamento policial donde fue visto por última vez por varios testigos el 31 de enero, familiares y amigos de Luciano Nahuel Arruga reclamaron la “aparición con vida” del joven de 17 años cuyo paradero se desconoce desde hace ya seis meses. “La causa tiene nueve cuerpos y más de 50 testigos, entre ellos 25 policías. Ocho de los uniformados han sido pasados a disponibilidad por su presunta responsabilidad”, le explicó ayer a Página/12 Pablo Pimentel, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entidad que viene acompañando el reclamo de la familia Arruga. El joven, que había recibido amenazas previas por parte de funcionarios policiales, estuvo detenido en un destacamento policial de Indart 106, en Lomas del Mirador, según se determinó en el marco de la investigación judicial.

El festival, que se realizó ayer por la tarde en un escenario montado en la esquina de las avenidas Mosconi y San Martín, contó con la actuación de Las Manos de Filippi, Andando Descalzo y un grupo de teatro barrial que hizo una dramatización sobre la captura y desaparición de Arruga, a manos de efectivos de la policía bonaerense. Lo que se sabe acerca de la detención del joven es que la policía lo retuvo, en la madrugada del 31 de enero, en la esquina de Bolívar y Mojones, para luego trasladarlo al Destacamento de Lomas del Mirador, un lugar que fue creado en respuesta a un grupo de vecinos que reclamaban “seguridad” a las autoridades, a partir de los asesinatos de Gustavo Lanzavecchia y Hernán Landolina. Esos casos tuvieron gran repercusión mediática por la relación que uno de ellos tenía con la diva de la TV Susana Giménez, quien nunca habló del chico Arruga.

Pimentel y Vanessa, la hermana de Luciano Arruga, recordaron ayer que la investigación estuvo virtualmente paralizada los primeros 45 días, cuando la causa estaba a cargo de la fiscal Roxana Castelli, cuya actuación fue cuestionada por los abogados de la APDH Juan Carlos Combi, Alejandro Bois y Damián Piraino. Se hizo una presentación ante la fiscal general adjunta del Distrito Judicial de La Matanza, Patricia Ochoa, quien le retiró el caso a Castelli y lo puso en manos de la fiscal Celia Cejas. Ahora, Castelli podría enfrentar un pedido de jury de enjuiciamiento por presunto “mal desempeño, inacción e incluso complicidad”, de acuerdo con el planteo que hicieron los abogados que representan a la familia.

“La fiscal Cejas, que nos recibió a poco de asumir, en apenas 48 horas dispuso varios allanamientos que posibilitaron el secuestro de los libros de las comisarías y un peritaje con perros adiestrados que permitió demostrar la presencia de Luciano Arruga tanto en el destacamento como en un patrullero policial de Lomas del Mirador”, afirmó Pimentel en su diálogo con este diario. “Cuando la causa llegó a la fiscalía de la doctora Cejas tenía un cuerpo. Hoy tiene nueve cuerpos, ya declararon más de 50 testigos, entre ellos 25 policías, y ocho uniformados fueron pasados a disponibilidad por decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia, por su presunta vinculación con los hechos.” Los apellidos de los ocho policías pasados a disponibilidad por el gobierno son los siguientes: Sotelo, Borrego, Herrera, Vázquez, Fekter, Márquez, Díaz y Zeliz.

En la causa hay testimonios que certifican que Luciano Arruga fue visto con vida, muy golpeado, en el interior del destacamento policial de la calle Indart, un lugar que no está habilitado para la detención de personas. Se trata apenas de una dependencia de la seccional de Lomas del Mirador cuyo único fin es servir de parada y refugio a los policías que patrullan la zona aledaña al barrio 12 de Octubre, una zona de casas pobres. Según los vecinos nucleados en la entidad Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (Valomi), que alienta la política de “mano dura” y apoyó la candidatura a diputado nacional de Francisco de Narváez, el barrio donde viven los Arruga sería un supuesto “refugio del delito”.