Desde hace al menos tres meses, el gobierno de Mauricio Macri suspendió el depósito de los aportes jubilatorios de la totalidad de su planta. De esa manera, el Ejecutivo porteño decidió cubrir su falta de liquidez financiando el pago de esos aportes –un total de 240 millones de pesos– a seis meses, con un interés del dos por ciento mensual, según explicaron fuentes del gobierno porteño. La decisión generó inquietud entre los trabajadores, especialmente los que recibieron resúmenes de la Anses con el detalle de que los aportes de mayo, junio y julio no habían sido depositados en sus cuentas. Por eso, hoy el Ministerio de Hacienda enviará una circular a todas las dependencias para aclarar que la situación es “plenamente regular” y se ajusta a la ley tributaria.

La medida involucra a los 114 mil empleados de planta del gobierno porteño, algunos de los cuales comenzaron a recibir en estos días el resumen de la Anses con el detalle de los aportes. Allí puede verse que los meses de febrero, marzo y abril figuran con la leyenda “pago parcial”, mientras que en mayo, junio y julio los aportes previsionales están impagos.

Voceros del gobierno porteño aseguran que se optó por este recurso “ante las dificultades para emitir un bono destinado a obtener financiamiento”. “Se trata de un recurso establecido por la AFIP que utilizan muchas empresas y han utilizado algunas provincias: el financiamiento de sus aportes previsionales”, explicó la fuente a Página/12. La operación representa para las arcas porteñas unos 80 millones de pesos por mes, lo que hace un total de 240 millones para los meses de mayo, junio y julio. “Esa suma se pagará en seis cuotas, con un interés del 2 por ciento mensual”, confirmó a este diario una fuente de la AFIP.

El rojo en los aportes generó algunos inconvenientes bancarios para los empleados del gobierno porteño: en algunos casos, en las sucursales donde tienen sus cuentas les negaron el otorgamiento de un crédito o la ampliación del límite de compra de la tarjeta de crédito, porque registraban una mora en los aportes.

La fuente de AFIP consultada por este diario asegura que “el banco no tiene por qué exigir que el empleador esté al día con los aportes para autorizar un crédito o para ampliar la capacidad de compra de la tarjeta: sólo tiene que comprobar que el trabajador está en blanco”.

La medida había generado preocupación en los gremios, ante la ola de consultas por parte de sus afiliados. Tanto el Sutecba como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hicieron consultas ayer a la Dirección de Recursos Humanos, que depende del Ministerio de Hacienda, para echar luz sobre la legalidad de la medida.

Anoche, Página/12 tuvo acceso al texto de la nota que desde hoy el gobierno de la ciudad hará llegar a todas las oficinas de personal para que notifiquen la situación a los trabajadores. El texto, no obstante, no aclara demasiado: “Con el objetivo de acercar tranquilidad, destacamos que el gobierno de la ciudad se encuentra en una situación plenamente regular de cara a sus obligaciones como agente de retención de aportes previsionales”.

Los voceros del gobierno porteño ratifican la legalidad del procedimiento al precisar que se hace en el marco de la Resolución AFIP 1966/2005. Lo confirmaron desde la agencia recaudadora nacional, donde precisaron que el gobierno de la ciudad “presentó en febrero la declaración jurada con la solicitud de un plan de facilidades de pago”.

Tanto en la AFIP como en el Ejecutivo porteño aseguran que el financiamiento del pago de aportes no tiene por qué generar problemas a los trabajadores que estén en condiciones de jubilarse: “Si una empresa financia el pago de aportes previsionales y, antes de terminar el pago, quiebra, los trabajadores que tramitan su jubilación pueden acceder al retiro, ya que el pago se hace en forma solidaria”, explicó la fuente de la AFIP consultada por este diario.