Desde México DF

Más tardó Felipe Calderón en retar a la sociedad mexicana a que le demostrara “un solo caso” de violaciones de derechos humanos cometidas por cualquiera de los más de 50 mil elementos del ejército que lanzó a la calle a combatir el narcotráfico hace más de dos años y medio, que en recibir una nutrida lista de asesinatos, desapariciones, torturas y vejaciones acumuladas en ese mismo lapso.

De paso, se redimensionó el traspié del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien el lunes pasado dio un espaldarazo a Calderón durante la Cumbre de Líderes de América del Norte y dijo confiar en que México respeta los derechos humanos.

Tanto organizaciones mexicanas como internacionales le recordaron a Calderón la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, líderes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desde el 25 de mayo de 2007.

El EPR cometió una serie de atentados con bombas contra instalaciones de Petróleos Mexicanos para presionar a la administración calderonista para que presentara a sus dirigentes, y luego ofreció una tregua, mientras una Comisión de Mediación, integrada por intelectuales, trataba de esclarecer el caso. Apenas el pasado 21 de abril, esa comisión fue disuelta y acusó falta de voluntad del gobierno federal para avanzar en un proceso de diálogo y para localizar con vida a los dos eperristas desaparecidos.

El reto de Calderón y el aval de Obama fueron duramente criticados ayer por Human Rights Watch (HRW), que prácticamente acusó de mentir al presidente mexicano cuando dijo que su gobierno tiene “un compromiso absoluto y categórico” con los derechos humanos.

“Los casos están allí, son innumerables, y las denuncias se han multiplicado varias veces, son centenares”, aseguró el chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, y cuestionó la postura asumida por Barack Obama, quien confundió los derechos humanos con los crímenes cometidos por el narcotráfico, “un error fundamental”.

En declaraciones a la cadena de noticias MVS, Vivanco reclamó al gobierno mexicano combatir el crimen organizado, “pero dentro del estado de derecho, no por fuera”. Para HRW, la actuación del ejército mexicano en el combate al crimen organizado perpetúa “una situación absolutamente anómala” en el país.

De hecho, HRW sólo tiene registrado un caso “donde aparentemente el soldado habría recibido una sentencia dentro del fuero militar” desde el 1º de diciembre de 2006, cuando Calderón asumió la presidencia de la República en medio del escándalo por un supuesto fraude electoral.

Las otras doce sentencias por violaciones a los derechos humanos aplicadas dentro del fuero militar corresponden a ocho casos del gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) y cuatro del de Ernesto Zedillo (1994-2000), dijo Vivanco.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que las pruebas de violaciones a los derechos humanos durante la administración de Calderón están en las recomendaciones y los expedientes abiertos por ese organismo en contra del ejército, la entidad pública que más señalamientos ha recibido del ombudsman mexicano.

El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, señaló que “todos los casos de violaciones a derechos humanos los tenemos acreditados”, entre ellos el de cuatro periodistas torturados por elementos del ejército en Ciudad Juárez hace casi un año.

Además del ejército, que ya muestra signos de debilidad, otras instituciones involucradas en el combate al narcotráfico evidencian el fiasco de la política calderonista. Al acercarse a la mitad del período de gobierno, el gabinete de seguridad está desorganizado y confrontado, las policías son incapaces de detener la ola de violencia y surgen nuevas evidencias de que los carteles de la droga siguen enquistados en el poder político.

Hasta el diario The New York Times le dedicó ayer un reportaje de tapa al fracaso de las políticas de Calderón contra las drogas y destacó que los narcotraficantes encarcelados siguen operando aun tras las rejas.

Para colmo, Calderón no parece tener intención de cambiar la estrategia, sino todo lo contrario. Sin considerar las críticas tanto dentro como fuera del país por el manto de impunidad que cobija al ejército, sometido al fuero militar y no al civil, en abril pasado Calderón envió al Congreso un paquete de iniciativas que eleva a rango de ley la intervención del ejército en labores de “seguridad interior” y se otorga a sí mismo nuevas facultades, como la exclusividad para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior y, en consecuencia, ordenar una intervención militar en cualquier parte del país e inclusive imponer el estado de excepción donde el ejército lo decida.

Lo que Calderón no les dijo ni a Obama ni al primer ministro canadiense, Stephen Harper, es que tres semanas antes de su reunión en Guadalajara había decidido dejar solo al ejército ante cualquier atropello que cometan, como si él no fuera el comandante supremo de las fuerzas armadas.

El 22 de julio pasado, Calderón publicó un decreto para que sea el propio ejército el que enfrente cualquier acción legal en contra del Poder Ejecutivo por actos imputables a los militares. Es decir, el presidente manda a sus soldados a la guerra, pero él se lava las manos en casos de invasión militar de jurisdicciones estatales o municipales, así como de violaciones a derechos humanos.

De hecho, el lunes pasado, mientras Calderón y Obama se regodeaban en la militarización del combate al narcotráfico (Harper fue un mudo testigo), la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó que los militares fueran sometidos ya no al fuero castrense, sino al fuero civil, cuando incurran en la comisión de delitos. Este fallo dejó sin defensa a la viuda de una de las seis personas recientemente asesinadas por elementos del ejército, que los acribillaron en un retén en un poblado de Michoacán, la tierra natal de Calderón.