“Siempre fui lo que soy. Ahora, mi documento refleja mi identidad.” Las palabras de Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (Attta), resumen los 10 años que esperó para que el Juzgado de Familia Nº 3 de San Martín reconociera su derecho a modificar su nombre y sexo en el DNI y que se hizo realidad ayer, cuando en el Registro Nacional de las Personas se le entregó su nuevo documento. Sin embargo, para conseguir la orden judicial tuvo que pasar por “indignas” instancias de revisación médica, psicológica y psiquiátrica. Y en la espera, continuar sintiendo la discriminación por no ser llamada “con el nombre con el que construí mi identidad femenina”, aseguró. La reivindicación lograda es el primer paso hacia la sanción de una ley de Identidad de Género, a partir de un proyecto presentado por la asociación junto a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Falgbt).

Marcela logró a los 45 años que los registros oficiales reconocieran su identidad sexual. Según ella, desde pequeña ése siempre fue su “nombre social”. A los 14 años abandonó la escuela porque la obligaban a mostrarse masculina, y entre sus compañeros la violencia verbal terminaba en violencia física. Nueve años más tarde, decidió viajar a Chile para realizarse la operación de cambio de sexo, pero para los registros oficiales de la Argentina continuaba siendo varón.

Pero desde ayer Romero es una de las diez personas en el país que consiguió un fallo judicial favorable frente al pedido de “rectificación de partida de nacimiento”, que habilita los cambios en el DNI. A pesar del fallo favorable, la militante trans aseguró que por la cantidad de años sin sentencia sobre su caso, esperaba que “llegue a ser apelado ante la Corte Suprema para que a partir de la jurisprudencia existente se reconozca nuestro derecho. Somos las olvidadas de la democracia, en un Estado de derecho no se reconoce el nuestro a la identidad”.

Es que como presidenta de Attta, Marcela escucha cada día diferentes denuncias sobre discriminación laboral o sobre la humillación de asistir a un hospital y ser “llamada por el nombre que te ponen en el documento y no con el que construiste tu identidad femenina”.

“Conseguir un documento que respeta la identidad significa mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, desde la inserción laboral. Es habitual que los empleadores decidan dar un empleo a personas de nuestra comunidad y luego se retracten. No saben cómo manejarse con una persona trans. Hay casos de compañeras a las que las aislaron para que nadie las vea. Pero el empleador tiene que analizar cómo se trabaja, no la no condición de género”, graficó Romero, integrante del Consejo Asesor del Inadi.

Hoy, las personas que quieren poner en igualdad los registros oficiales con su identidad sexual necesitan de un permiso judicial, a partir del cual deben comenzar “un proceso burocrático en el que se pasa por revisaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, que no es digno y no se corresponde con el pedido de que se nos reconozca la identidad”, sentenció Marcela.

Con el objetivo de poner fin a la judicialización de la elección de género, la Attta y el Falgbt impulsan un proyecto de ley de Identidad de Género. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados desde el bloque socialista y ya cuenta con las firmas de todos los bloques a excepción del PRO, mientras espera ser tratado en la Comisión de Legislación General. También el Inadi presentó un proyecto similar al Ministerio de Justicia para que ingrese a la cámara como proyecto del Ejecutivo. Las iniciativas tienen como objetivo principal eliminar la instancia judicial y las pericias médicas para el cambio de identidad de género en el documento.

Informe: Nahuel Lag.