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Por Cynthia Hotton *

La nota de tapa del lunes de Página/12 intenta develar los entramados de un proyecto de ley que busca aprobarse en la Cámara baja. Bajo el rótulo de lobby se ponen de manifiesto las estrategias mediante las cuales un miembro de la Cámara de Diputados intenta conseguir adhesiones para votar una determinada ley. Concluye el artículo firmado por Mariana Carbajal, intentando resumir mi actividad pública, con la siguiente sentencia: “religión y política imbricadas sin ocultamientos”.

Nunca más cierto. Jamás oculté ni ocultaré cuáles son mis intenciones, así como tampoco miento acerca de cuáles son los derechos y valores que defiendo, que son aquellos para los cuales fui votada. Yo protejo el derecho de la vida en todas sus instancias, los valores de la familia, de una sociedad libre de drogas, de respetar la integridad del prójimo, luchando contra la trata de personas –principalmente el tráfico de bebés– trabajando también por la adopción legal, la niñez sin hambre y con educación para todos.

Por eso creé el espacio Valores para mi País, en donde perseguimos valores concretos y por eso elegí integrar la política. Y así como yo creo profundamente en esto, también lo hace mucha gente, que también tiene el derecho a ser representada.

Concretamente, el artículo cuestionado del proyecto de ley persigue un fin similar a los delitos de injurias y calumnias, comprendidos en el Código Penal. Un sacerdote, pastor, rabino, líder musulmán o ministro de alguna otra confesión religiosa representa a una gran cantidad de gente, y el proyecto busca amparar una eventual agresión hacia ellos en el marco de la ley. Se trata de formalizar el rol social que tienen y de protegerlos, ni más ni menos, mediante un artículo en contra de la discriminación.

De todas formas, éstas son mis ideas y las de muchos argentinos, y lucho por ellas a través de vías democráticas. Habrá otros, como Página/12, que piensan distinto, y está bien que lo hagan y que tengan espacio para manifestarlo, con la extensión e importancia que les parezca. No por eso cambiaré mis ideas ni interrumpiré mi trabajo; seguiré luchando por ellas tal como lo vengo haciendo y representando a muchos que piensan igual.

Negar la posibilidad de una política y religión es caer en un descrédito absurdo. Sería desconocer la historia de nuestro país y la del mundo. Grandes líderes como Martin Luther King y Jimmy Carter han luchado por los derechos humanos. En Argentina hay valiosos ejemplos de hombres y mujeres de fe que han dado un ejemplo de vida defendiendo los valores de la democracia. Creo que atacar a la religión por ese lado no tiene sentido y que el Congreso sabrá, a la hora de votar, qué es lo más conveniente para los argentinos. No pretendo imponer mis ideas; solamente expresarlas y que no se las ataque despiadadamente sin justificación.

* Diputada nacional (PRO).

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Por Mariana Carbajal

El proyecto que impulsa la diputada evangélica Cynthia Hotton pretende darles un status privilegiado a los pastores y sacerdotes de cualquier religión. Y con ese objetivo propone, entre otros tipos penales, la creación de un nuevo delito que busca castigar con pena de prisión (de seis meses a dos años) a quien agreda de palabra a “un ministro de confesión religiosa reconocida en ocasión del ejercicio de actos propios de su ministerio o por el hecho de serlo”.

Como advierte el abogado penalista Ciro Annichiarico, si por agresión se entiende algún supuesto de “injuria o calumnia”, conforme a los artículos 109 y 110 del Código Penal, no haría falta incluir otra disposición más, aunque se trate de figuras discutidas, por obsoletas y condicionantes de la libertad de expresión, como incluso lo ha considerado recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si por “agresión de palabra” a alguien, desaprensiva o intencionalmente se le ocurriera entender “crítica”, “cuestionamiento”, “manifestación de opinión adversa”, aun cuando fuere efectuada de manera vehemente, entonces la reforma al Código Penal impulsada por Hotton invadiría en forma grave e “inconstitucionalmente” el lugar del derecho al debate y a la crítica de ideas, como se señala en el artículo aludido.

En un país con una ley antidiscriminatoria y con un organismo oficial que vela por su cumplimiento (el Inadi), ¿por qué legislar para ampliar los privilegios de ministros religiosos? Como alerta Cristina Ferreyra, de la Asociación Civil de Ateos en Argentina, la propuesta de Hotton parece haber sido pensada expresamente para acallar las críticas a los personajes nefastos de la Iglesia Católica como Julio César Grassi y Christian von Wernich.

No se discute que sean legítimas las acciones de lobby que impulsa Hotton para conseguir la sanción del proyecto (que, vale aclarar, se arroga como propio, aunque no sea más que una copia con alguna corrección de una iniciativa consensuada en 2001 desde la Secretaría de Culto y que nunca había llegado al Congreso). También es legítimo advertir a la ciudadanía sobre los intereses que representa. El hecho de que Hotton considere al artículo periodístico que da cuenta del proyecto como un “ataque despiadado sin justificación”, es un indicio de lo que podría interpretarse en caso de que la ley fuera sancionada. Y los riesgos a la libertad de expresión que acarrearía.