La red cibernética de pedófilos cuya persecución generó ayer 33 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en ocho provincias tiene al menos quinientos usuarios en la Argentina, Brasil, Perú y Chile y –tal vez– Colombia, España y México. La policía detuvo a seis sospechosos e incautó alrededor de 10 mil fotos e imágenes de video. Estas pruebas podrían derivar en más arrestos por tratarse, en principio, de partícipes en el tráfico de pornografía infantil, un delito que se castiga con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, explicaron fuentes del Juzgado Federal porteño Nº 5, a cargo del caso. Un jefe policial que tuvo acceso al material dijo que se trataba de niños y niñas sometidos “a situaciones dignas de mentes enfermas”. Aunque la red es seguida desde hace un año y medio, en el juzgado advirtieron que, en verdad, “la investigación acaba de empezar con todo este material recolectado”.

Los operativos fueron simultáneos y se extendieron a distintos puntos del país: en la ciudad y la provincia de Buenos, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Chaco y Misiones. “Las órdenes partieron del juzgado de instrucción y en cada lugar, con las autorizaciones judiciales locales y en coordinación con las delegaciones de la Policía Federal, lanzamos los allanamientos a las 11. Es complicado, pero no queda otra. Ellos (los pedófilos) están interconectados todo el tiempo, es fácil escapar”, dijo uno de los investigadores de la División Delitos en Tecnología y Análisis Criminal de la Policía Federal.

Los usuarios, según detallaron a Página/12 fuentes policiales, se bajan de Internet un programa especial. Una vez que este programa es instalado en sus computadoras y ellos se registran con un apodo y una clave, pueden intercambiar material pornográfico por Internet con los otros usuarios de la red directamente. “No es una web, es algo más elaborado que eso”, dijo la fuente, un investigador de la División de Delitos en Teconología.

El dato, según contó este informante y confirmó después el comisario Rubén Gab, de Bahía Blanca, surgió de un pedido de Interpol Brasil, que investigaba una red más grande. Fue entonces que lograron contactar la red y algunos de sus usuarios argentinos. “Una cuestión difícil porque usan nombres falsos y se arman correos electrónicos ficticios también para ofrecer material con pornografía infantil. Tuvimos que rastrear uno por uno, por eso mandamos agentes de la División a todas las provincias involucradas para participar de los allanamientos”, comentó la fuente policial consultada, quien participó de algunos de operativos dispuestos por el juez Manuel De Campos, a cargo de la causa.

Para determinar los lugares físicos desde los cuales se producían las conexiones a Internet, se hicieron cuatro procedimientos en la Capital Federal, en los barrios de Villa Pueyrredón y Belgrano. En el Gran Buenos Aires se realizaron en las localidades de Sarandí, San Martín, Moreno, General Pacheco, González Catán, La Lucila, Lomas de Zamora y Caseros. “Secuestramos material pornográfico en pendrives, CD, DVD y en notebooks; la Justicia tendrá que determinar, además, si lo comercializaban o no”, contó el investigador.

También se habrían encontrado equipamiento y dispositivos técnicos utilizados para la producción, distribución, publicación y comercialización de pornografía infantil en ciudades del interior de la provincia como La Plata, San Pedro, Mar del Plata y Bahía Blanca. En esta última ciudad fueron detenidas dos personas “jóvenes pero adultas”, aclaró el comisario Rubén Gab, quien contó que durante el operativo se secuestró “una computadora de escritorio y una notebook, que contendrían imágenes de pornografía infantil”. Los otros cuatro sospechosos fueron arrestados en Paraná, Neuquén y Mar del Plata.

En Paraná fue apresado un empleado público de 54 años, quien, según trascendió, tenía en su vivienda un cibercafé ilegal y mantendría contacto vía Facebook con reconocidos pedófilos, entre ellos un concordiense preso por pertenecer a una red de pedofilia. Incluso se dijo que en los videos que había en su casa, se veía a sus propios hijos y a otros chicos del barrio.

“De algún lugar salen los videos. Había nenes de otros países, pero también de acá. Ya hemos descubierto casos en que los padres, por plata y alimento para sus chicos, se los dejan a otras personas que se dedican a la pornografía; es algo penoso, horrible, pero pasa. También reclutan chicos de la calle”, dijo la fuente consultada de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal. Desde el juzgado de instrucción aclararon que por un delito como éste, que se califica como corrupción de menores o abuso sexual, “en el que se daña el desarrollo sexual de un niño o una niña”, la pena máxima es de 15 años.