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“El presupuesto parece orientarse a políticas de institucionalización de los chicos en situación de pobreza y no a articular programas de asistencia social que respeten el derecho de los niños de estar con sus familias.” Esa es la conclusión a la que llegó la titular de la Asesoría General Tutelar (AGT) porteña, Laura Musa, a partir del informe elaborado sobre la asignación y ejecución del gasto público en el período 2005-2009 y las proyecciones para 2010 en los programas que responden a la legislación en Protección Integral de la Niñez. El estudio también analiza los recursos en educación, vivienda, alimentación y salud mental y reafirma los problemas de déficit denunciados por varias organizaciones sociales de la ciudad.

El informe presentado por la AGT, en base a datos oficiales, indica que el presupuesto para la ejecución y aplicación de programas a cargo del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cdnnya) de la ciudad aumentó, en términos nominales, de 7 millones de pesos en 2005 a 31 millones proyectados para 2010. Pero este año el aumento es del 4,2 por ciento cuando la inflación prevista es del orden del 6 por ciento.

“Casi todos los años cambia la forma en que se presenta la información presupuestaria, especialmente a partir de 2007 en adelante”, indica el informe. “Es complicado evaluar si el aumento del presupuesto comprenderá a más chicos porque no se sabe si se modificó la población beneficiaria”, resaltó Musa. Por ejemplo, el informe indica que el Presupuesto 2010 no desagrega la información sobre los costos en la Guardia de Abogados como tampoco para la línea 102. Ambos programas reciben las denuncias ante la situaciones de vulneración de los derechos y asiste a los chicos y sus familias. Tampoco se puede saber qué presupuesto y para cuántos chicos se tendrá en el Centro de Atención Transitoria, donde pueden alojarse los chicos en situación de calle.

Sin embargo, la AGT indica que, según información oficial, el 57,7 por ciento de los chicos que llegan allí son derivados a centros de albergue, el 4,7 por ciento de ellos permanece más de 7 días y no se informa qué sucede con el 40 por ciento restante. “Por lo cual se desdibuja el objetivo de transitoriedad”, apunta el informe.

En ese sentido, Mussa apuntó que el presupuesto asigando para las 99 sedes institucionales –casi en su totalidad son ONG con convenio– para alojamiento de menores de edad que funcionan bajo la Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGN) muestra “que la única medida que se toma es la internación. Cuando la legislación vigente –desde 2005 a nivel nacional– antes de la institucionalización prevé apoyo a la familia a partir de la asistencia de operadores sociales para acercarlos a los servicios públicos o al ingreso de sistemas de subsidios”.

“Si se sumara el dinero que se destina a los albergues, puede pensarse que las familias de esos chicos, con el apoyo de trabajadores sociales, podrían otorgarse un techo y los recursos para contenerlos”, apuntó Musa. Uno de los programas encargados de facilitar la reinserción de los chicos en situación de vulnerabilidad es el de Fortalecimiento de Vínculos y frente al presupuesto asignado, el informe indica que si bien el presupuesto destinado al programa aumenta un 26 por ciento respecto del 2009, no representa una prioridad en la DGN ya que resulta un porcentaje mínimo del presupuesto total. Además, el documento agrega que “no es un programa destinado a trabajar con la población de niños alojados en instituciones de albergue”.

El problema del desfase entre los servicios brindados por el Estado porteño y la legislación vigente sobre protección integral de la infancia es la conclusión que engloba la información recogida en el período 2005-2010, ya que no se creó “ninguna política de carácter universal ni programas dirigidos a superar, de manera estable, las condiciones y complejidades propias de la situación de pobreza que sufren los niños alcanzados por el sistema de protección integral”.

Informe: Nahuel Lag.