El drama que por estas horas atormenta a una chica en Comodoro Rivadavia podría haberse mitigado después de ocurrida la violación, con la realización sin obstáculos del aborto no punible que reclama. El Estado podría –debió– haber actuado con celeridad. Si tres años atrás desde el Ministerio de Salud se hubiera empezado a promover en los hospitales públicos la implementación de la “Guía Técnica para la Atención Integra de los Abortos no Punibles”, hoy la historia de A. G. no sería noticia. Y seguramente hubiera podido acceder a la interrupción del embarazo –amparada en el Código Penal– en la intimidad de una consulta médica, sin que se ventilara la tragedia familiar. Esa guía fue redactada a fines de 2007, a pedido del entonces ministro de Salud, Ginés González García. Es un manual con precisos lineamientos de cómo se debe proceder ante un pedido de aborto no punible, con el objeto de evitar que se judicialice. Propone cómo iniciar la consulta, cómo brindar contención a la mujer y cómo tratar el dolor, entre otros aspectos. Y provee el marco jurídico para que los médicos se sientan respaldados en sus prácticas. Pero el documento fue cajoneado estos años. Recién ahora se estaría de-sempolvando. A mediados de julio de 2008, expertos en salud sexual y reproductiva le pidieron a la ex ministra Graciela Ocaña que distribuyera y difundiera la Guía. “Ofrecemos nuestra colaboración para la diseminación de este protocolo”, le escribieron. La nota llevaba las firmas de Diana Galimberti, presidenta del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam); Mabel Bianco, titular de FEIM; Guillermo Corroli, del Centro Rosarino de Estudios Perinatales; Ariel Karolinsky, del Hospital Durand; Eugenia Trumper, de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil; Sandra Vázquez, subjefa del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, entre otros. “Entendemos que esta guía será de gran utilidad para los profesionales a cargo de la atención del aborto no punible de la misma manera que otras guías lo hacen respecto de procedimientos médicos que habitualmente se realizan en nuestros servicios de salud”, finalizaban.

El reclamo de los profesionales no tuvo el eco esperado. Hoy, el pedido de A. G. genera adhesiones y respaldos en despachos oficiales. Es triste pensar que hay funcionarios que tienen a su alcance la posibilidad de evitar que se repitan esperas tortuosas de un aborto no punible y miran para otro lado. Con el respaldo político que requiere, este protocolo médico debe convertirse en una herramienta más de la atención hospitalaria.