Los interrogantes, avances y reformas legislativas a la Ley de Estupefacientes 23.737 fueron ayer la esencia de la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por la Asociación Civil Intercambios, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud. Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas de Drogas, aseguró a Página/12 que “hubo avances”, pero advirtió que en la región, a nivel penal, “estamos últimos. Salvo Venezuela y nosotros, todos los países ya modificaron su legislación”.

La iniciativa promueve el debate de políticas que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas e impulsar las sanciones de las leyes de Salud Mental y Atención de las Adicciones. “La salud pública y los derechos humanos deben estar en el centro de las políticas de drogas en la Argentina”, aseguró Graciela Touzé, presidenta de Intercambios. En ese sentido, Cuñarro subrayó que los usuarios tienen “derecho a no ser estigmatizados” y exhortó a que la política criminal esté dirigida a “las grandes organizaciones y no a algunos consumidores”.

En el auditorio del edificio anexo del Congreso, organizaciones sociales, funcionarios, académicos y usuarios participaron del debate. En ese ámbito, Touzé exhortó a tener la “valentía de pensar nuevas herramientas que enfrenten efectivamente” el crimen organizado y la corrupción, que aborden los problemas sociales y de salud asociados con los consumos problemáticos de drogas, sin tutelar ni castigar a las personas afectadas. Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, remarcó que “no está todo dado con los fallos” de la Corte, aunque marcaron un rumbo. La defensora, además, criticó que se imponga el “tratamiento como sanción”, y destacó que el adicto no se ve a sí mismo como una “persona con derecho” a reclamar al Estado el cumplimiento de la prestación de salud para superar su situación. Durante su presentación, Cuñarro exhortó a que “los políticos no traten el tema como un tabú”. Y llamó a perseguir al “comercio, distribución, tráfico y lavado de dinero, problemas que afectan la gobernabilidad en términos socioeconómicos”.

Los panelistas reclamaron modificar la legislación: “Tenemos toda la decisión política de avanzar en el tema”, afirmó Fabián Peralta, presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara baja, para que los proyectos sean tratados este año y en los primeros meses de 2011.

El problema de las drogas también se inserta en el mundo laboral. Por eso, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Facultad de Derecho de UBA crearon el Observatorio sobre Situaciones de Vulnerabilidad en el Trabajo, donde es uno de los temas abordados.

Las actividades continuarán hoy desde las 9. El cierre corresponderá a la conferencia sobre “Atención integral a los usuarios de drogas en la ciudad de Salvador de Bahía en Brasil”, en el Anexo de la Cámara de Diputados.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.