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El alarido de venganza por justicia, en la puerta del Senado, no alcanzó a tapar el simbolismo absurdo que provocó la situación. El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados había dado curso, minutos antes de las nueve de la noche. a la acusación contra el juez Rafael Sal Lari. La única denuncia aceptada fue la demora de varios meses en liberar a un detenido, porque el resto, cuatro denuncias más (otras cinco no tenían siquiera posibilidad de ser presentadas), no tenían el menor fundamento jurídico, pero habían sido tergiversadas ante la opinión pública para presionar y avanzar. El caso del liberado con demora, conocido como caso González, es el único que presentaba algún resquicio de error, pero la propia Corte había intervenido y determinado que Sal Lari había firmado la orden de liberación en forma inmediata y que su secretaria fue quien no controló la demora policial y sancionó a la secretaria. El cuadro, al ser anunciado el resultado, no sólo fue patético por la presencia de Blumberg en el festejo, sino porque la movida llegó al absurdo de que el manodurismo reclamara por la liberación de un preso y denunciara a un juez de Garantías por mantenerlo detenido.

Sal Lari, juez de Garantías 3 de San Isidro, fue acusado inicialmente por el intendente del manodurismo de San Isidro, Gustavo Posse, por el caso conocido como Regis, al que luego se sumaron nueve acusaciones más. De los diez casos presentados, sólo cinco fueron aceptados por la Comisión Bicameral, encargada de la acusación, cuatro auspiciados por la comisión y uno, Regis, sostenida por Posse. La procuradora general de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, desistió de acusar por ninguno de los hechos. Los cinco casos fueron presentados al Tribunal de Enjuiciamiento, presidido por la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan. El cuerpo se reunió en dos ocasiones anteriores, el 29 de marzo y el 5 de abril, y pasó en ambas a cuarto intermedio. Ayer, sesionó durante cinco horas hasta que llegó a la conclusión acusatoria al admitir el único caso que le resultó admisible: el caso González.

Se trata de una causa en la que Sal Lari ordenó la prisión preventiva, una de las pocas que se le podrían apuntar al magistrado que, precisamente, siempre estuvo en la lupa de los reclamos punitivistas por no aplicar la medida como norma de prisionalización. Apelada la detención, la Sala III de la Cámara de Apelaciones de San Isidro revocó la prisión y ordenó la liberación.

Ese mismo día, Sal Lari firmó el oficio de liberación. Las secretarias de juzgado deben verificar el cumplimiento de la orden. En este caso, la secretaria firmó y despachó la orden a la comisaría, tal como consta en el expediente, y fue recibida en la seccional el mismo día en que la Sala III ordenó la libertad. Pero la secretaria no verificó el cumplimiento y González quedó detenido siete meses más. Cuando la Corte analizó el caso, aplicó 15 días de suspensión a la secretaria. No encontró otro culpable. En el expediente C.J.342/06 el máximo tribunal provincial sostiene que “(...) se advierte la orden del magistrado del 11/11/05 (la misma fecha en que la Sala revocó la preventiva) encomendando a la actuaria la libranza del oficio y el labrado del acta de libertad, lo que implicó dejar en sus manos el trámite administrativo”. Ni la secretaria advirtió el incumplimiento policial, ni la policía se mosqueó en cumplir ni recordar.

Ahora, Sal Lari será suspendido en sus funciones y deberá enfrentar el proceso mismo que decidirá si mantiene su cargo como juez o no.

El caso de Sal Lari reunió el respaldo de cantidad de organismos defensores de derechos humanos. El CELS, APP, la Comisión por la Memoria, la Red de Jueces Penales bonaerenses y otros organismos sociales, además de más de medio millar de firmas dan su apoyo en defensa de Sal Lari, en representación de la independencia de los jueces a las presiones del poder político. El CELS catalogó el juicio a Sal Lari como “el cinismo político que sostiene una acusación infundada” y agregó que “es el resultado de una campaña política y mediática que utilizó la figura de Sal Lari como chivo expiatorio”. “Con la suspensión de Sal Lari, las pasiones se impusieron sobre la fuerza de la razón –sostuvo el juez de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano–. Seguiremos bregando por una sentencia reparadora.”

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