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La Justicia porteña ordenó al gobierno porteño que destine una ambulancia en el Centro de Salud y Acción Comunitaria de la Villa 31 en forma permanente. La medida cautelar, dispuesta por la jueza Elena Liberatori, del fuero Contencioso Administrativo, responde a dos presentaciones realizadas ayer por el Inadi y vecinos de las villas 31 y 31 bis. El jueves pasado, los titulares del organismo, Claudio Morgado y María Rachid, mantuvieron una reunión con delegados de la villa, luego de la muerte de Humberto “Sapito” Ruiz, quien no recibió asistencia en una emergencia médica. Al mismo tiempo, los familiares de Sapito se presentaron como querellantes ante la fiscalía 7 contravencional porteña y prestaron declaración. Como soporte para la querella, declaró también un oficial de la Federal que fue testigo de los pedidos de la familia de Ruiz, de la negativa de la ambulancia y de la propia insistencia para acompañar a la médica con escolta.

Representados por el abogado Emiliano Gareca, Patricia Luna, cuñada de Sapito Ruiz, y sus hermanos Manuel Alberto y Rafael Ruiz se presentaron como querellantes ante la fiscalía 7 porteña. Allí dieron testimonio sobre lo ocurrido tal como lo reflejaron a este diario en la crónica publicada el jueves pasado. Detalle más, detalle menos, narraron cómo la médica Marcela Tella se negó a entrar a auxiliar a Ruiz y cómo el chofer incluso se mostró irascible por el pedido, pese a que contaban con escolta policial. También prestó testimonio el oficial Luis Carames, de la comisaría 46ª, quien se encontraba en el lugar coincidió con lo dicho por los familiares de Sapito y afirmó que desde la ambulancia rechazaron su ofrecimiento de escolta.

Durante la tarde, Morgado y Rachid se presentaron con dos pedidos ante el juzgado de Elena Liberatori: una solicitud de amparo para que se mantenga “prestación irrestricta y oportuna del servicio de ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias”. El pedido menciona que la ambulancia, con su personal respectivo, deberá estar ubicada en “forma permanente y a disposición de sus habitantes”. También solicitaron la ampliación de la estructura edilicia y de recursos materiales y humanos para la Cesac 21, que no es un centro de salud tal como se conoce en otros sectores de la ciudad, sino una “salita de barrio” que en su horario de oficina no da abasto para atender las más de 30 mil personas que la rodean. Además, se pidió a través del amparo que la Justicia ordene la presentación de un plan de acción en el que se deberá detallar “de qué manera se va a garantizar la prestación irrestricta y oportuna del servicio de ambulancias del SAME en todas las villas y barrios carenciados”. Liberatori dio 72 horas para que el gobierno resuelva la cuestión de fondo y dio un plazo de unas horas para que efectivice la disposición de una ambulancia. Y fijó las 20.30 como hora tope para que se presentara la ambulancia en el lugar.

Luego, la jueza, los representantes del Inadi y los delegados se dirigieron al Cesac 21, sobre Gendarmería Nacional 526, entre 6 y 8. Liberatori aguardó dos horas y ante la ausencia de la ambulancia dispuso multar al gobierno, es decir, las arcas de la Ciudad, por día hasta que se cumpla la orden. Por el momento, el gobierno de Macri ni siquiera tiene trazado en el mapa de su página web el sitio donde se ubica el Cesac.

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