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Veintiocho unidades penitenciarias en Brasil son cárceles pero no responden a la lógica carcelaria actual, es decir, no tienen guardias, no se usan armas, no alojan a presos procesados, comen con cubiertos, todos están obligados a trabajar y a estudiar según su nivel, deben estar alojados en cercanía de sus familias, son cárceles administradas por la sociedad civil sin fines de lucro y la conducta es vigilada por una comisión de presos denominada Consejo de Sinceridad y Solidaridad. Claro que son ONG con fuerte presencia católica, con lo que la humanización tiene su costado eclesial que suele fijar un modelo polémico del castigo para la salvación, aunque claro que dista del castigo a palos y patadas de la cárcel estatal. Laura Ordóñez, doctora y master en Antropología Social, investigó para su tesis doctoral el fenómeno que en Brasil se conoce como APAC (Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados), apaqui en la fonética brasileña, y desanudó las características del sistema y el funcionamiento político que les da lugar, funcionamiento por otra parte contradictorio, ya que, de las 28 unidades, 26 se erigen en Minas Gerais, el mismo estado que promueve la construcción de la contracara de la apaqui, la primera cárcel privada en Brasil cuyo negocio, se sabe, es apilar presos en el bolsillo.

Las apaquis surgen en el ’72 por iniciativa del abogado católico Mario Ottoboni, en San Pablo. El hombre daba unos cursos de cristianidad en España y llegó a Brasil con la idea de extender sus cursos y entrar en la cárcel pública de San José de los Campos, en el estado de San Pablo. Inicialmente estos cursos fueron conocidos como Amando al Prójimo Amarás a Cristo (APAC) y es en esa prisión donde se desarrolla el modelo apaqui, en las que el Estado cede la vigilancia y la administración y sólo participa con presupuesto para la alimentación. En el ’99, el modelo se disuelve en San Pablo, uno de los estados más laicos de Brasil, y resurge en Minas Gerais, uno de los más católicos. La primera en Minas Gerais es Itaúna.

El modelo de las apaquis religiosas prendió. Actualmente son 117 constituidas jurídicamente en 13 estados en toda la federación. Entre ellos, en Recife, en Spiritu Santo, en Rio Grande do Norte, en Minas Gerais. No todas funcionan como cárceles sino que se trata de organizaciones sociales que están en trámite de formación o requieren un espacio físico. De las 117, sólo 28 ya funcionan como cárceles. De las que funcionan como tales, sólo dos se levantan fuera del estado de Minas Gerais, en Spiritu Santo y Rio Grande do Norte.

“Lo que resulta interesante es la ausencia del Estado –describe Ordóñez– pero en el aspecto de la ausencia de policía y, especialmente, del poder burocrático.”

–¿Cómo mantienen el control de la conducta?

–Los presos participan de la seguridad y la disciplina. Forman un Consejo de Sinceridad y Solidaridad, un órgano sólo conformado por presos, que hace el papel de policía dentro de la cárcel, sin armas. La administración penitenciaria redistribuye su poder en la comunidad que se extiende con los voluntarios que van a la cárcel. Esto facilita que no haya rebeliones, que no se usen armas, que la gente no se escape.

En las apaquis todos los presos tienen que trabajar y estudiar, “es una condición para estar”. Tienen que estar reunidos por regímenes, tienen necesariamente que tener visitas, para lo que deben estar alojados cerca de donde viven sus familias. “Se cumple la ley de ejecución en la práctica.”

–¿Qué tamaño tienen, a cuántos presos alojan?

–El sistema de las apaquis no permite alojar a más de 200. Son cárceles pequeñas asentadas en las comunidades, lo que tiende a la municipalizacion de la pena. Eso hace que la comunidad participe en la ejecución de la pena.

Para que la apaqui surja en un municipio es la sociedad civil la que se tiene que movilizar, convocar a audiencias públicas, organizar una ONG. Existe desde hace un tiempo una apac mayor que funciona como orientadora del resto de las apac y que funciona como una federación. Se llama Fbac, sigla de Fraternidad brasileña de asistencia a los condenados.

–¿Cuántos presos hay en el estado de Minas Gerais?

–Alrededor de 48 mil presos.

–¿Y las 26 apaquis que funcionan allí?

–En las 26 hay 2040 presos. Son cárceles pequeñas, pueden alojar cada una un máximo de 200 personas.

–Todos los presos deberían querer ser trasladados allí...

–No es tan sencillo, tienen que abandonar hábitos que les resultan muy cómodos en el sistema común.

–¿Cómo los seleccionan?

–No pueden ser procesados, tienen que ser condenados. Después, es un criterio subjetivo del director. Tiene que detectar la voluntad de cambiar.

Por otro lado, las apaquis tienen una fuerte marca católica. Los internos eligen entre el sistema común, es decir, entre la violencia y el hacinamiento, y las obligaciones católicas impuestas: cuatro oraciones diarias, oraciones pegadas en carteles en las paredes y las puertas, obligación de levantarse a las 6 de la mañana, trabajar y estudiar porque el sistema así lo exige.

–¿Cómo se sostienen económicamente?

–Por empezar, el gasto por preso de una apaqui es muy inferior al que el Estado invierte en la cárcel pública.

–¿Se puede decir que son privatizadas?

–No, porque no tienen fines de lucro. Lo que reciben de aportes lo invierten en la unidad. Todo depende de los acuerdos políticos que van cerrando. En Minas Gerais, donde más se desarrollaron, el mismo estado está impulsando las cárceles privadas, que sería el extremo opuesto, sólo el ánimo de lucro. Las están impulsando en un municipio que ya tiene cinco unidades estatales y será un presidio con capacidad para 3040 presos, es decir, 1000 presos más que todas las apaquis juntas.

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