El sistema de salud de Misiones tiene ahora en sus manos la responsabilidad de garantizar el acceso al aborto no punible que reclama desde hace más de diez días una niña de 14 años que fue embarazada como producto de la violación de un tío. El caso ya no está “judicializado”. El ministro de Salud, José Daniel Guccione, expresó públicamente su deseo de que tenga una pronta resolución. La niña está internada en un hospital de Posadas para “preservar su integridad física”, pero al mismo tiempo, según pudo saber Página/12, ella y su familia recibieron presiones de médicos para que desistan de interrumpir la gestación. Concretamente a la madre, Carmen F., le han dicho que si se practica el aborto su hija correría peligro, un argumento que no se condice con la realidad, dado que por el tiempo transcurrido de embarazo –todavía no cumplió el primer trimestre– no debería ser una práctica riesgosa.

Una docena de organizaciones de derechos humanos, civiles y de las mujeres del país, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, le exigieron “al Estado –tanto a nivel nacional como provincial y municipal– que tomara inmediata intervención en el caso e impidiera que se profundizara la violación de los derechos de la niña”.

“Frente a una niña de 14 años, víctima de violación por parte de una persona de su familia en la provincia de Misiones, el sistema de salud vuelve a fallar al no garantizar el derecho al aborto no punible previsto en nuestro Código Penal”, señalaron ayer las doce ONG en un comunicado que lleva la firma también del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-Argentina), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), entre otras entidades del país. El obispo de la diócesis de Posadas, Juan Rubén Martínez, en cambio, expresó su oposición al reclamo de la niña, que no quiere continuar con un embarazo producto de una violación. “Nunca un hecho de violencia como este se puede reparar con otro hecho violento como es la eliminación de ese niño por nacer”, dijo Martínez, al tiempo que pidió respeto y contención “para la niña y su familia por el difícil momento que están pasando”.

Ayer, el ministro de Salud Pública de Misiones reclamó mayor celeridad a la Justicia para resolver el pedido de la niña y sostuvo que los médicos del hospital donde permanece internada “no realizarán ninguna intervención porque el caso ahora se ha judicializado”. “He tomado contacto con la familia de la menor y ellos siguen con la firme intención del aborto, pero les expliqué que al judicializarse el pedido nosotros estamos obligados a esperar la resolución de la Justicia”, insistió.

De todos modos, el caso ya no está más en la Justicia. Para evitar más dilaciones en el ámbito de los tribunales, donde la familia recurrió en un primer momento para pedir el aborto no punible, la defensora oficial que acompaña a la mamá y al papá de la nena, Elsa Gertrudis Fragueiro, desistió de apelar el fallo de la jueza de Familia No 2, Marta Alegre, que no había dado una explícita autorización a la práctica. En realidad, esa sentencia que se conoció el lunes –a la que tuvo acceso este diario– dice claramente que los médicos no necesitan un permiso de la Justicia para realizar el aborto no punible requerido, tal como informó este diario. Sin apelación, ese fallo quedó firme. Por esa razón, no se entiende que persistan demoras en el sistema de salud de la provincia para concretar la práctica.

Ayer, médicos del hospital de Posadas, donde permanece internada desde el lunes la niña, trataban de manipular la voluntad de su mamá, con argumentos falsos sobre la peligrosidad de la práctica, con la intención de que desistiera en su decisión de reclamar el aborto, según informaron a Página/12 fuentes cercanas a familia. Asustar y desinformar suele ser una estrategia de sectores conservadores que se oponen a la realización de los abortos no punibles. No es la primera vez que reciben este tipo de presiones en un hospital público familias que están atravesando por un drama similar. Un caso paradigmático fue el de una nena de 12 años, también embarazada de una violación, que vivió esa situación en Mendoza, en 2008: reclamó desde un principio interrumpir la gestación, fue internada por orden de un juez en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, y recibió la visita en su habitación de grupos fundamentalistas, que, según ella misma le contó al magistrado, le mostraron y dejaron panfletos con fetos mutilados, con la clara intención de presionarla para que resolviera continuar con el embarazo. Finalmente, atemorizada, cambió de decisión.

En la sentencia de la jueza Alegre quedó asentada la voluntad de la niña y su familia: “Desde el momento de enterarse de su embarazo, la menor manifestó que no desea tener ese bebé, que no lo quiere porque fue muy feo lo que le pasó, sus padres la entienden porque es una niña y no tiene edad física ni mental para asumir el rol materno y por sobre todas las cosas ella misma no lo quiere, por lo que ambos padres están totalmente de acuerdo en prestar el consentimiento para ella y así lo solicitan”, dejó escrito la magistrada.