El titular de la Anses, Diego Bossio, estuvo reunido ayer con los integrantes de la Corte Suprema –salvo Enrique Petracchi y Carlos Fayt, que no asistieron– para ofrecer más detalles sobre un informe presentado por el organismo semanas atrás. El máximo tribunal le había solicitado al funcionario información de todas las causas en trámite por reajustes de haberes, sentencias pagadas en los últimos años, cantidad de recursos apelados ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, como así también los fondos con los que cuenta para pagar los haberes y las recomposiciones. Los magistrados están estudiando una causa iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Nación que busca universalizar el famoso caso Badaro. Según pudo saber Página/12, los magistrados se mostraron predispuestos a escuchar las explicaciones de la entidad y quedaron en realizar un nuevo encuentro, probablemente con equipos técnicos.

El objetivo de la Anses es convencer a los supremos de que cualquier “sentencia de clase” pondría al organismo en un “riesgo institucional”. El costo de extender el alcance del fallo Badaro al resto de los jubilados en su misma condición es de 14.136 millones de pesos anuales, más 28.000 millones en retroactivos, que se pagarían por única vez, según los cálculos oficiales.

Actualmente hay más de 350.000 juicios que son tramitados en los diez juzgados del fuero de la Seguridad Social. En el período febrero-abril de este año ingresaron 851 demandas por juzgado por mes y se dictaron sólo 288 sentencias. Según indicó a este diario el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Luis Herrero, “se resuelve aproximadamente el 30 por ciento de los juicios que entran”. Tamaña litigiosidad comenzó luego de la causa iniciada por Adolfo Badaro, quien logró una actualización de su jubilación por el período 2002-2006.

Pero también hay otro caso que abrió la puerta a los reclamos judiciales. Se trata de Alberto Eliff, quien obtuvo un fallo favorable para redeterminar el monto de su jubilación inicial, con una base de cálculo distinta de la aplicada por la Anses. El costo para el organismo sería mayor al de Badaro, aproximadamente 21.000 millones de pesos anuales y 43.000 millones en retroactivos, que se pagarían una sola vez. Eso pondría a la Anses en situación de déficit estructural, de acuerdo con la versión de los funcionarios.

En la última reunión de la Comisión Bicameral del Congreso encargada de controlar los fondos previsionales, Bossio afirmó que “si la Corte no tiene una visión de Estado, puede poner en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional”. Por eso el máximo tribunal, consciente del impacto que tendría esa medida, solicitó primero un informe a la Anses, que se complementó ayer con la visita de Bossio, solicitada por este último.

Dentro de la Corte también hay una discusión sobre el impacto que podría generar una resolución generalizada de todas las causas encuadradas en Badaro y Eliff. Los magistrados están solicitando información para determinar, en una primera instancia, si aceptan o no la acción de clase impulsada por la Defensoría del Pueblo.

El pasado 12 de abril, el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, dio su impresión sobre el tema. “Nosotros pensamos que no es bueno para los jubilados que tengan que hacer tantos juicios, (pero) es un tema que hay que hablarlo con los demás poderes del Estado, no es facultad de la Corte resolverlo y se necesitan o legislación o una decisión de la Anses”, declaró el magistrado. Es decir, la Corte preferiría una respuesta política, o del Gobierno o del Parlamento. Sin embargo, los supremos saben que si la respuesta política no llega, la decisión quedaría en sus manos.

Desde julio de 2002 hasta la actualidad, el valor de la jubilación mínima trepó 856 por ciento, pasó de 150 pesos hasta los 1434,3 pesos a partir de septiembre próximo. Este valor representa, hasta tanto vuelva a ajustarse, cerca del 80 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil. Desde la Anses señalan que esa política debe ser valorada por el máximo tribunal y no forzar a pagos que no tiene cómo financiar.