El tema no es prioritario ahora, en medio de la debacle financiera, pero el gobierno argentino y los socios del Club de París acercaron posiciones en la negociación para superar el default con el organismo. “Estamos muy encaminados”, reveló a Página/12 una alta fuente oficial. “No falta mucho para cerrar”, agregó, aunque admitió que la resolución de eso poco que falta puede demorar a causa de la crisis internacional, que obliga a Estados Unidos y a Europa a ocuparse de cuestiones más urgentes. A nivel técnico, las partes mantienen un contacto permanente, con ida y vuelta de documentos y propuestas. Ese trabajo permitió ir de-satando nudos y llegar a un punto donde la posibilidad de firmar un acuerdo aparece a la vista.

El Gobierno aspira a concretarlo antes de las elecciones del 23 de octubre. De ese modo, podría concluir el ciclo de normalización de la deuda que se inició con la reestructuración de 2005 y siguió con el canje de 2010, durante el actual mandato. Esas operaciones despejaron casi el 94 por ciento de los títulos públicos impagos en manos de tenedores privados. El 6 por ciento restante lo controlan fondos buitre, que rechazan cualquier arreglo porque su negocio consiste en la compra de bonos cuando caen en desgracia y litigar en tribunales internacionales para cobrar el ciento por ciento de su valor de emisión.

La deuda con el Club de París quedó al margen todo este tiempo. El Gobierno intentó abordar el tema en 2008, cuando ya había logrado acumular una cantidad significativa de reservas en el Banco Central. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció a mediados de ese año que cancelaría la totalidad de las obligaciones con dólares del BCRA, tal como lo había hecho Néstor Kirchner dos años antes con el FMI. Sin embargo, la caída del banco estadounidense Lehman Brothers, en septiembre, obligó a retirar la oferta, ya que ese hecho dio inicio a la crisis global más importante desde 1929.

El monto de los compromisos impagos desde 2001 ronda los 6500 millones de dólares, pero a esa cifra se agregan intereses más punitorios acumulados desde entonces. Las autoridades del Ministerio de Economía y sus pares del Club de París negociaron largamente esta cuestión, hasta conciliar una suma que ronda los 9000 millones de dólares. Las fuentes consultadas por este diario se abstuvieron de dar precisiones sobre los plazos de pago, pero dijeron que el acuerdo en ciernes “será aceptable para las dos partes y será algo que se pueda cumplir sin afectar la economía nacional”.

La propuesta inicial del Gobierno era cancelar la deuda en default en seis años, con 24 cuotas trimestrales crecientes. El plazo podía acortarse en función de la evolución de una serie de variables objetivas, como el monto de las reservas del Banco Central, el crecimiento del PIB o el superávit comercial. La lógica era la misma que se utilizó en la reestructuración de 2005 con los acreedores privados, a quienes se les paga un plus a fin de año si la economía avanza por arriba de determinado nivel. Esas alternativas formaron parte de las discusiones. Todo ese proceso derivó en la situación actual, en que el convenio parece cercano, aunque ahora manda la crisis internacional.