La investigación de las causas fraguadas en la comisaría 4ª de Mar del Plata apunta a revelar mucho más que deslices en el control judicial de los operativos policiales: la sumatoria de causas en las que participó el mismo grupo de uniformados y de testigos/víctimas engrosa cada vez más, al punto que podría analizarse como una práctica lo suficientemente generalizada como para pensar si no se trata de un sistema. Este cronista tuvo acceso a varias causas, en una de las cuales se realizaron numerosos allanamientos tras el asalto a un supermercado chino en junio pasado. La declaración de uno de los testigos del grupo investigado por asociación ilícita y la de uno de los policías desafectados por la misma causa derivaron en la detención de un hombre. La detención fue publicada en los medios, que dieron fe de la correcta actuación policial, según fuentes policiales. Ahora, el juez de garantías Gabriel Bombini ordenó el cese de la preventiva sobre el acusado, considerando que el testimonio y la participación uniformada generaban demasiadas dudas como para sostener las pruebas recolectadas como valederas.

No termina allí: de los archivos fue desempolvada una condena por estafas a un hombre que con una credencial trucha de una fiscalía cobraba por la venta de autos del playón fiscal. La condena a tres años fue impuesta a Maximiliano Maciel el 20 de octubre de 2010, unos meses antes de que el mismo Maciel empezara a jurar decir toda la verdad en sus testimonios como remisero, que serían tomados en cuenta para sumar prueba para realizar allanamientos.

Todo indica que el 21 de junio pasado un supermercado chino ubicado en Necochea y Perú, de Mar del Plata, fue asaltado. Según publicaron los medios locales dos días después, en varios operativos fueron realizadas seis o siete detenciones, según el medio. Al mes siguiente, el 11 de julio, se registró otra detención. Durante el allanamiento, realizado por la comisaría 4ª, los Bonaerenses encontraron un arma. Un testigo dio fe de que había sido hallada debajo de la cama. Aunque la mujer del detenido y el imputado reconocieron que había sido retirada de detrás de un equipo de música. El hombre dijo que no le pertenecía, pero la mujer la reconoció como propia. También su padre. Sin embargo, aseguraron que no habían visto ningún testigo civil y que eran todos policías.

En el acta del procedimiento figura haber participado uno de los sospechados de trabajar en la fragua: el capitán desafectado Roberto Bouzada. Valga como aclaración que existe el carácter de “desafectado”, que representa el apartamiento temporario y el retiro del 50 por ciento de su sueldo. El testigo “de civil” inexistente en el operativo se llama Rubén Cagianesa, uno de los investigados por asociación ilícita, falsedad y demás. Otro testigo reforzó la declaración de Cagianesa y pertenece al mismo grupo selecto de testigos del jurofácil: Maximiliano Maciel, el remisero. Dijo que en aquella ocasión trasladó a los que por deducción de su declaración debieran ser los que cometieron el robo. Y señaló las direcciones. Lo que siguió se sabe: allanamientos de la 4ª y detención del acusado luego de encontrar un arma debajo de la cama, según el testigo que no estaba.

Con los datos concretos que surgieron a partir de la denuncia del juez Juan Tapia, a fin de julio, la actuación de los policías acusados y la del grupo testimonial quedaron bailando sobre un hilo de seda a una altura considerable del piso. Pero lo que rebasó lo imaginable fue una condena a tres años de prisión condicional dispuesta por el juzgado correccional marplatense de Jorgelina Camadro, el 19 de octubre de 2010 (ver aparte).

Finalmente, la veracidad de los testimonios de Maciel y sus colegas es tan poco veraz que el juez Bombini dispuso el cese de la prisión preventiva y ordenó su inmediata libertad. La información noticiosa de aquel momento quedará registrada como cierta aunque no lo sea. Es el riesgo de las fuentes policiales.

[email protected]