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Hay un clásico debate acerca de la democracia y la representatividad. Una discusión que lleva implícitas ideas contradictorias respecto de esos conceptos. La definición de “gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo” tributa a la tradición que entiende a la primera en su versión sustantiva, constituyendo la elección de representantes una forma que permite, en sociedades multitudinarias, resolver el ejercicio del poder. Sin embargo las elecciones tienen en sí mismas una tensión antagónica: por una parte permiten una expresión popular, a la vez que son un acto de alienación del poder radicado en el pueblo, por el que éste lo delega en sus representantes. Esto ha permitido, en la otra vertiente, la mutación de la idea de la democracia en una pura propuesta formal, un régimen de representatividad donde las elecciones serían en sí mismas el acto democrático. La democracia quedaría como sinónimo de delegación.

La tensión entre una democracia rica en contenido y otra exclusivamente de formas se expresa en distintos climas y estilos electorales. El neoliberalismo generalizó una dinámica electoral en la que las campañas fueron signadas por ofertas de productos (candidatos) a consumidores (votantes), para que éstos elijan cuál de ellos sería el más apropiado para gestionar el Estado. Quedaba implícita una única y naturalizada política, impuesta por los poderes fácticos.

Con la recuperación de la política como instrumento transformador de la realidad, el desalojo de la lógica del pensamiento único y la reintroducción del ideario del autogobierno, el dispositivo de la democracia sustantiva ha reintroducido en América latina, y en particular en Argentina, la discusión de distintos programas y proyectos de país. Hoy no se trata sólo de optar por una figura, sino de elegir el propio destino de la nación y del pueblo al que se pertenece.

Así readquieren valor –en el actual proceso electoral– las plataformas electorales de los partidos, en ellas está la propuesta de país que se piensa construir. Plataformas sometidas al ostracismo durante el neoliberalismo, devaluadas a una formalidad llena de palabras huecas, hoy recobran su rol de expresar programas bien distintos (muchas veces antagónicos) de país.

El análisis de las propuestas económicas de un grupo de ellas resulta elocuente. El Frente Amplio Progresista, que postula a Binner, propone como primer instrumento de su modelo macroeconómico “el establecimiento de un esquema de metas de inflación como ancla antiinflacionaria”, más adelante le adiciona “una regla fiscal que garantice la sustentabilidad de la deuda”. En su discurso se refiere al “financiamiento inflacionario del gasto creciente”. El enfoque sustenta que la cuestión de la inflación es la de primer orden en la economía, promete aplicar lo que el FMI recomienda, que es el aludido esquema de metas, y caracteriza de inflacionario al gasto. El referente económico de la fuerza (Angel Sciara) sostiene que las causas de la inflación son un mix entre expectativas y exacerbación de la demanda, mientras que el candidato a presidente expresa que la tarea es dinamizar la inversión privada, merituando su rol frente al de inversión pública. Estas caracterizaciones y propuestas son contradictorias y regresivas frente a la política en curso. El esquema de metas de inflación, el diagnóstico de exacerbación de la demanda y la caracterización de gasto inflacionario concurren a un camino de enfriamiento de la economía. Entonces, en ese escenario, frente al cual la inversión privada que se pregona no se vería atraída por el ritmo del crecimiento, ¿se trataría de mejorar el “clima de negocios”? El proyecto de ley de entidades financieras del diputado Milman, dirigente de una de las fuerzas del Frente, conlleva al continuismo de la Ley 21.526 en sus aspectos fundamentales: permite hacer todo lo que no está prohibido a los bancos y no prevé regulaciones efectivas sobre las tasas de interés. Esta plataforma está situada en el paradigma de los socialismos europeos que renunciaron a sus propuestas reformistas y gestionan programas de “consistencia fiscal” ortodoxos e ineficientes. No existe mención a la instrumentación de política de ingresos –precios y salarios– ni a regulaciones de la tasa de ganancia ni al papel de las empresas concentradas en la formación de precios, claves tradicionales de las propuestas reformistas.

La “Propuesta para una Economía Sostenible” de la Coalición Cívica, que postula a Elisa Carrió, también ubica la inflación como “la primera gran incertidumbre que enfrenta nuestra economía”. Sostiene que “sin moneda no hay desarrollo”, ingenuidad que invierte el orden causal, pues sin desarrollo una nación no puede tener una moneda fuerte que cumpla el rol de reserva de valor. Propone como fin de la política monetaria la inflación baja y defiende la independencia del BCRA como su condición. También adhiere al esquema de “metas de inflación”. Esta propuesta es, en forma acabada, la que atiende a las demandas de los capitales financieros globales. Se opone al pago de deuda con reservas, insinúa su preferencia por una suba de las tasas de interés, se pronuncia por una reducción del gasto público y por la construcción de un fondo de ahorro durante los años buenos. Su diagnóstico respecto del tipo de cambio presupone una intención devaluacionista. Es la plataforma del ajuste, la devaluación y la inserción en la financiarización.

La plataforma de la UCR está construida sobre un discurso en el que no existen precisiones sobre rumbos e instrumentos de política económica. Más bien es una declaración de intenciones. Insinúa su oposición al uso de reservas, enuncia una política gradual de eliminación de las retenciones y ubica en el centro de los objetivos macro las políticas antiinflacionarias. De todos modos, la orientación del candidato a vicepresidente, en una fuerza como el radicalismo, constituye una señal inequívoca de la dirección económica que proponen: “amistad” con los mercados. El estilo del escrito no se ha hecho eco del retorno de los debates de fondo a la política nacional y realiza, en el mismo estilo del PRO y Durán Barba, una formulación imprecisa en medidas que devendrían en un futuro encantador.

Las “Propuestas para un nuevo rumbo”, de Duhalde, luego de indicar como necesarias las reformas estructurales de orden neoliberal llevadas a cabo en el continente –es la única que lo hace explícitamente–, adjudica el crecimiento económico al argumento del “viento de cola” y critica los controles de precios y las limitaciones a las importaciones. Condena el uso de las reservas internacionales y de los fondos previsionales. También propone un esquema de metas de inflación. El resto del programa radica en un conjunto de políticas de corte ofertista. Sostiene la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso sin puja distributiva mientras se “erradicaría” la inflación, al tiempo que se crecería a altas tasas. Hace elogios apologéticos de la globalización y centra su preocupación en la “confiabilidad externa”. Es tributaria del pensamiento neoclásico y refuta conceptos clave del estructuralismo latinoamericano.

La lectura de los proyectos analizados conduce a ubicarlos, en términos de las claves de sus propuestas de política macroeconómica, en la polaridad opuesta al rumbo seguido por el Gobierno, reafirmado por la plataforma del Frente para la Victoria. Mientras ésta prioriza la reinstauración de una sociedad de pleno empleo, aquéllos coinciden en la urgencia de políticas de estabilización y de restricción fiscal. La profundización de la crisis europea debe prender un alerta respecto de las consecuencias de la adopción del cambio de rumbo que propone la oposición.

* Economista y profesor de la UBA.