Aunque no hay audiencias orales ni banquillo propiamente dicho, el ex ministro de Economía de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y el entonces titular de Interior, Albano Harguindeguy, enfrentan en estos días el equivalente a un juicio oral, pero escrito, según las viejas normas procesales. En ese contexto, el fiscal Federico Delgado hizo ayer su acusación en doce páginas y pidió una pena de diez años de prisión para cada uno de ellos por el secuestro extorsivo de los empresarios textiles Federico Gutheim y su hijo Miguel, quienes estuvieron en cautiverio desde el 5 de noviembre de 1976 hasta el 6 de abril de 1977. La detención de los Gutheim, a la que se intentó dar aspecto de legalidad mediante dos decretos, tuvo el objetivo –señala Delgado– de “forzarlos a mantener reuniones con empresarios chinos” para “renegociar” un “contrato de exportación de algodón” que había sido incumplido y restaurar lazos comerciales con Hong Kong.

El expediente sobre el secuestro extorsivo de los Gutheim es el mismo que llevó a Martínez de Hoz, cara civil del terrorismo de Estado, a quedar detenido en mayo del año pasado. Fue como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de anular el indulto que durante veinte años le permitió eludir los efectos de una investigación judicial que se había iniciado en los ochenta. Lo mismo sucedió con Harguindeguy. A diferencia de otros casos de violaciones a los derechos humanos, éste tramita aún con las normas previas a la reforma de 1991 que oralizó los procesos, lo que incluso lo ha vuelto más engorroso. El juicio en danza está a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, quien deberá dictar la sentencia.

Los Gutheim estuvieron algo más de cinco meses presos a disposición del Poder Ejecutivo. La detención se hizo por decreto, igual que la liberación de ambos. Llevaban la firma del dictador Jorge Rafael Videla y de Harguindeguy, aunque Delgado recuerda que Martínez de Hoz los “promocionó”. “Se utilizó en forma burda el maquillaje de la legalidad para llevar a cabo la privación de la libertad con fines extorsivos”, señala el texto de la acusación.

“En el contexto de encontrarse privados de su libertad, los días 10, 11, 12 y 13 de enero de 1977 fueron forzados a mantener reuniones con empresarios ingleses y chinos para negociar la operación comercial insatisfecha por Sadeco SA” (la empresa textil de los Gutheim), señala la fiscalía. Y precisa que las reuniones se hicieron “en presencia de los representantes de las firmas extranjeras, funcionarios de la Secretaría de Comercio y personal policial a cargo del traslado y custodia de los detenidos”. En base a las pruebas documentales y testimoniales recopiladas, el fiscal señaló que “el verdadero móvil de la detención fue el incumplimiento de compromisos comerciales asumidos con importadores chinos” y “además de constituir una suerte de prisión por deudas, está claro que se llevó a cabo en el marco de una decisión del Ministerio de Economía motivada en la necesidad de restaurar las relaciones comerciales con China y el temor a un boicot comercial”.

Según Delgado, se “desprende en toda evidencia la responsabilidad de José Alfredo Martínez de Hoz en la detención de los Gutheim (...) También ha quedado clara la intervención de Albano Eduardo Harguindeguy”, por cuya “órbita de responsabilidad transcurrían todas las cuestiones relacionadas con las detenciones, libertades, traslados”.

Ahora se abre una etapa de presentación de pruebas que demorará algunas semanas el dictado de una sentencia.