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La jueza Alicia Iermini se declaró incompetente en la causa por la tragedia de Beara, el boliche donde el derrumbe de un entrepiso provocó la muerte de dos chicas, informaron a Página/12 fuentes judiciales. La medida fue adoptada ante un pedido de la querella y podría ser apelada por los defensores de los imputados. Si queda firme, se unificará con la causa en la que el juez Juan Ramos Padilla investiga una presunta red de tráfico de influencias integrada por funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad y un grupo de gestores. En esta causa, se presentaron como querellantes los diputados Delia Bisutti, Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova.

La causa que investiga Ramos Padilla tiene como imputados a la ex directora de Fiscalización y Control Vanesa Berkowski y a otras tres personas, que habrían actuado como gestores o abogados. Las escuchas telefónicas que reunió el juez los comprometen en presuntas extorsiones para otorgar habilitaciones o evitar inspecciones. Una de esos involucrados, Matías Pantaro-tto, es abogado del boliche Beara y de otros locales nocturnos, algunos de ellos de dudosa habilitación.

La tragedia de Beara ocurrió el 10 de septiembre de 2010, cuando el entrepiso del local se derrumbó y aplastó a los jóvenes que estaban en la planta baja. A la jueza Alicia Iermini le llevó más de un año procesar a los cinco dueños del boliche y al relacionista público que organizó la fiesta, por el delito de “homicidio y lesiones culposas”. Esto ocurrió el martes último. Dos días después, la magistrada se declaró incompetente en la causa.

El fiscal Andrés Madrea había acusado a los empresarios por un delito más grave, “estrago doloso”, y había pedido la declaración indagatoria de los funcionarios de la Agencia –incluido el ex director de Habilitaciones, Martín Farrell– por “cohecho”. Madrea se había basado para ese pedido en las escuchas registradas en la causa de Ramos Padilla y en documentación que darían cuenta de posibles pagos a inspectores y funcionarios porteños.

Esas escuchas surgieron casi por casualidad, cuando los empresarios Nazarena Vélez y su marido, Fabián Rodríguez, pidieron a una fiscal la intervención de sus teléfonos, en una causa por estafa. La fiscal Betina Vota pidió las escuchas y Ramos Padilla las concedió.

Esa causa sufrió un embate esta semana, cuando Rodolfo Cudicio, un fiscal que subrogaba a Vota, pidió la nulidad de las escuchas, con el argumento de que Ramos Padilla debió haber enviado la denuncia a sorteo, para que sea investigada por otro juez. El magistrado respondió enérgicamente a ese pedido y advirtió sobre la “gravísima contradicción” en que habría incurrido el fiscal, al solicitar la nulidad de una medida que había sido pedida por la titular de esa misma fiscalía.

La diputada Bisutti, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico –en cuya órbita se sigue a la Agencia de Control– pidió ser querellante en la causa, junto a sus pares Cerruti y Ruanova.