Con o sin su presencia en el banquillo, el 14 de noviembre a las 9 de la mañana comenzará el juicio político al camarista mendocino Otilio Romano, quien huyó a Chile para evitar ser juzgado por su complicidad con los crímenes de la última dictadura, cuando actuó como fiscal y juez subrogante. La principal acusación en su contra es haber omitido, de manera sistemática, investigar violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento. En el jurado de enjuiciamiento estiman que las audiencias se extenderían de dos a tres semanas, y que para los primeros días de diciembre podría haber una resolución. Si Romano terminara destituido, entonces se destrabaría el pedido de captura que libró en su contra el juez federal Walter Bento, que quedó supeditado a que pierda los fueros que por ahora le darían inmunidad de arresto.

Romano se fue a Chile el 24 de agosto, un día antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera suspenderlo y mandarlo a juicio político. Pidió asilo y consiguió ocho meses de visa hasta que el gobierno de Sebastián Piñera decida si le concede refugio. Las leyes chilenas y los tratados internacionales excluyen de ese beneficio a las personas que están implicadas en delitos de lesa humanidad, pero mientras no haya una decisión oficial al respecto, Romano sigue ganando tiempo. Lo que puede precipitar su expulsión es que se active la orden de detención dictada por el juez Bento, quien lo procesó por su participación en 103 secuestros, torturas, desapariciones, allanamientos ilegales y robo de bienes, además del archivo prematuro de la causa por la apropiación de Celina Manrique Terrera.

En rigor, aquella causa penal fue un motivo clave de la huida de Romano: anunciaba sus altas chances de ir preso. Cuando escapó, el fiscal Omar Palermo había pedido la elevación de su caso a juicio oral, algo que ahora se aceleraría porque incluso la Cámara de Casación Penal rechazó sus recursos, igual que los de su ex compañero, Luis Miret, destituido en marzo. Para el juez Bento, Romano está prófugo y en rebeldía. Pero según su criterio, hace falta su destitución para evitar discusiones sobre si tiene o carece de fueros que lo amparen. La Cámara Federal mendocina, de todos modos, analiza habilitar la captura igual, antes del jury, a pedido de la fiscalía y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

El juicio político, con todo, no parece algo tan lejano. Los miembros del jury pusieron fecha para que comience a mitad de noviembre y no hace falta que el acusado esté presente. Como Romano nunca se notificó de ningún trámite desde que fue suspendido, el jurado le puso una defensora oficial, que será Fabiana León, quien lo representará en su ausencia. Por el momento está prevista la declaración de unos 45 testigos, en su mayoría víctimas que estuvieron privadas de su libertad en Mendoza –la mayoría en el D2, del Departamento de Policía– a disposición de Romano desde 1975 y durante la dictadura. Es posible que los consejeros que ejercerán la acusación –el representante del Poder Ejecutivo Hernán Ordiales y el diputado Carlos Moreno– desistan de algunas declaraciones para acelerar los tiempos.

Ordiales es el consejero que impulsó el dictamen que llevó a la suspensión de Romano, que se basa en la causa penal y fue votado por unanimidad. El Consejo apoyó el juicio por “mal desempeño”, con el argumento de que Romano tuvo una conducta “funcional” al haber “omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante” entre 1975 y 1983. El texto decía que ésa fue su respuesta sistemática cuando, por ejemplo, recibía denuncias de torturas de detenidos y que fue “un modus operandi” que se “prolongó en el tiempo”, ya que nunca denunció nada a pesar de que jamás abandonó los tribunales.

El jurado está presidido por la camarista tucumana Alicia Noli y lo integran también la camarista María Susana Najurieta, los senadores Ramón Mestre (UCR) y Rolando Bermejo (FpV), los diputados Edmundo Albrieu (FpV) y Carlos Urlich (UCR) y el abogado Fabián Sahade. Según el abogado del MEDH Pablo Salinas, “la reciente expulsión de Chile del coronel retirado Alejandro Duret (quien cruzó la frontera antes de que fuera revocada su absolución por crímenes de lesa humanidad) da la pauta de que Romano, una vez destituido, estaría en el mismo camino”.