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Elbio Fernández, conocido como el “Rey del Corte”, fue condenado a siete años y seis meses de prisión por liderar una organización delictiva dedicada al desguace de autos en el conurbano bonaerense, pero no quedará detenido. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 10 de Lomas de Zamora también condenó a tres años y dos meses de cárcel a Alejandro Valenti, ex funcionario del área de compras de la Fiscalía de Estado bonaerense, por hacer valer su cargo para legitimar las autopartes robadas.

En tanto, Gabriela Sáenz, la esposa de Fernández, fue condenada a tres años y dos meses; y Julio Mayor, su padrastro, a tres años, por formar parte de una “asociación ilícita”, mientras que Bertha Romero, la madre, fue absuelta.

El fiscal del juicio, Jorge Bettini Sansoni, dijo que quedó acreditado que Fernández era “jefe” de una asociación ilícita y que “encubrió” el robo de un motor en la localidad bonaerense de Avellaneda, que luego apareció en uno de sus galpones.

El tribunal dispuso la inhabilitación de Fernández –quien estuvo con prisión domiciliaria durante casi seis años– para actividades vinculadas con automotores y que debe pagar una multa por 50 mil pesos, mientras que a Valenti lo inhabilitó por siete años para que ocupe cargos públicos y debe abonar la suma de 30 mil pesos.

Los jueces José Polizza, Daniel Mazzini y Susana Silvestrini no dispusieron ninguna detención y, por ende, continuarán todos en libertad hasta que la sentencia quede firme.

Por su parte, Rubén Reznik, abogado defensor de Fernández, dijo que apelará el fallo y calificó a la sentencia del TOC Nº 10 como un “bochorno”.

El fiscal había solicitado en su alegato la pena de nueve años de prisión para Fernández, siete para Valenti y tres para Sáenz, Romero y Mayor. “La Justicia no debe llevar a juicio sólo a pobres y marginales porque, si bien roban autos, no son los que se llenan los bolsillos de dinero con los desarmaderos. De lo contrario, no somos todos iguales ante la ley”, dijo Bettini Sansoni. El fiscal consideró a Fernández como “jefe” de una asociación ilícita, lo acusó de dos hechos de encubrimiento agravado por fines de lucro y había pedido que se le aplique una multa de 90 mil pesos y una inhabilitación especial para actividades relacionadas con autos.

Fernández, en sus últimas palabras, pidió “que no cometan errores como otros tribunales y que no se siembre más terror desde el Estado”. Su abogado dijo que Fernández se consideró “inocente” porque “quedó demostrado que la prueba fue plantada por la policía”, debido a que se negó “a pagar una coima”. Respecto de ese argumento, el fiscal sostuvo que el expediente “no se basó en la investigación policial sino en escuchas telefónicas”, y recordó que trabajaron en el esclarecimiento del caso funcionarios judiciales.