Dos días después de que este diario hiciera público el funcionamiento del PIP (Polo Industrial Penal) Batán denunciado como un centro de trabajo esclavo, puede concluirse que esa publicación, efectivamente, dio trabajo. Al SPB. Un fallo de la Sala III de Casación bonaerense, al que Página/12 tuvo acceso, ordena al gobierno bonaerense nivelar las condiciones de trabajo de los presos con las leyes laborales. Uno de los jueces consideró que los trabajadores se encontraban en “condiciones denigrantes”, sin obra social, ni jubilación, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni posibilidades indemnizatorias, seguridad de trabajo o premios por presentismo obligado. Luego de la publicación llegaron a este diario otros tres informes judiciales (dos de Batán y uno de San Nicolás) que demuestran que la fórmula “del buzón al trabajo y del trabajo al buzón” es ampliamente difundida en los penales provinciales.

Poco después de la denuncia presentada por APP a la delegación marplatense del Ministerio de Trabajo, la flamante directora del SPB, Florencia Piermarini, recibió a representantes de la ONG denunciante, la Asociación de Pensamiento Penal. “Sugirió que no desconocía el tema”, reveló el vicepresidente de APP, Nicolás Laino. “Estaba al tanto” de las condiciones laborales de los presos y, a su entender, “se podría haber solucionado el problema sin necesidad de hacer una presentación tan formal, con un llamado de teléfono alcanzaba”.

Como señal de intenciones, la primera dama penitenciaria bajó el pulgar a dos empresas mencionadas por este diario en la nota del lunes pasado –por cierto, las dos más chicas– y rescindió su contrato.

El fallo de Casación, con fecha del martes pasado, es duro, pero el recorrido de la causa promueve al asombro. Un juez de ejecución marplatense, Ricardo Perdichizzi, había dado 90 días al SPB para que se pusiera a tono con las leyes laborales en Batán luego de recibir positivamente una denuncia en la que internos revelaban las pésimas condiciones en que trabajaban especialmente para una lavandería, en un hábeas corpus colectivo presentado por el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria; cobraban sus salarios tarde; no estaban protegidos de los riesgos de trabajo y manipulación de químicos, no se respetaban las leyes de trabajo que los protegían. El fallo tuvo lugar hace tres años. Lo curioso es que el fiscal de Estado bonaerense, Ricardo Szelagowski, inexplicablemente apeló el fallo del juez y luego el de Apelaciones que lo había confirmado. La causa llegó a la Sala III de Casación. Y sus integrantes, los jueces Víctor Violini y Daniel Carral, de Casación, dictaminaron el martes.

En el escrito revelan que se encontraron con empresas que mantenían a sus empleados con salarios fuera de término y en condiciones deplorables de seguridad.

“Es imposible abstraerse de la indignación que provoca lo constatado –sostiene en su voto Violini–, desde que el régimen al que se encuentran sometidos los internos luce semejante a un trato esclavo y degradante para la condición humana, a partir de la imposición de determinadas condiciones y la ausencia de mínimas garantías que se traducen inexorablemente en un claro aplazamiento de sus derechos.”

Mientras que Carral sostuvo que si bien se debían conceder beneficios a las empresas, éstos debían ser soportados por el Estado y no por los hombros de los internos. Casación confirmó el fallo de Perdichizzi y de la Cámara de Apelaciones: dio noventa días para que las empresas se adecuen a la legislación laboral y notificó al jefe de los industriales carcelarios, Ricardo Casal, al Ministerio de Trabajo provincial, a la flamante jefa penitenciaria y al Comité Contra la Tortura.

Curiosamente, a la vuelta de Batán, la Unidad 44 –la Alcaidía marplatense–, ubicada a espaldas del PIP, ayer preparaba la recepción de la empresa Gespasa, procesadora y fileteadora de pescado. Ya incorporaron cámaras frigoríficas. Y según figura en el contrato tomarán al menos 20 trabajadores entre rejas. Los salarios resultan de unas paritarias curiosas: son convenidos entre los patrones y los capangas del SPB y no coinciden con la orden de Casación: como detalle, un peón cobrará 2 pesos la hora. En el contrato figura como titular de Gespasa, Cristian Alesandroni.

El gancho oficial lo puso el ex director del SPB Javier Mendoza, escandalosamente promovido por Scioli como camarista marplatense y cuya jura por ahora está suspendida por orden del juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias.

Para completar el panorama laboral, otros tres informes judiciales (dos de Batán y uno de la U3 de San Nicolás) llegaron a manos de este cronista, todos por causas semejantes. Un caso pinta para el resto: un preso de Batán fue despedido por su empleador sin que interviniera de por medio el SPB ni se le pagara indemnización alguna y bajo amenaza de ser trasladado. El fallo judicial hizo lugar al reclamo del trabajador. Los casos fueron iniciados entre abril de 2010 y agosto de 2011. Ayer, para muchos por primera vez, una camioneta con inspectores de Trabajo bonaerense visitaba las instalaciones del PIP Batán.