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“Gracias a mí, pensé, otras chicas que fueron abusadas van a poder abortar sin hacer todos los trámites ni sufrir tanto como yo”, me dijo hace unos días A. G., sobre el fallo de la Corte Suprema que la tiene como protagonista. Su testimonio –publicado en una extensa entrevista en la edición de ayer de Página/12– exhibe en carne viva el traumático derrotero al que fue obligada como tantas otras niñas y mujeres en el país que atravesaron situaciones similares. Todas ellas sufrieron doble victimización: violadas primero por el falo de un hombre, después, por el de un sistema médico y judicial que las penetró y dañó profundamente con sucesivas negativas a su pedido de abortar (amparado en la ley).

A. G. me contó desde Comodoro Rivadavia, donde vive, que lloró y se rió al mismo tiempo al conocer la sentencia por una radio. Se alegró porque otras chicas violadas van a poder aliviar algo de ese mar de sufrimiento con la posibilidad de abortar sin atravesar laberintos tortuosos. Hay que estar en el cuerpo de cada una de estas niñas y mujeres que alguna vez tuvieron que pasar por esa experiencia para tomar verdadera dimensión de lo que significa sumar, al trauma de la violación, la imposición de un Estado que –a través de médicos, defensores oficiales, jueces y funcionarios públicos– pretende obligarlas a continuar una gestación forzada, que les esquilma el espíritu cada día que pasa sin una respuesta favorable.

El fallo del máximo tribunal no sólo es sanador para A. G. a casi 1800 kilómetros de Comodoro Rivadavia; en el conurbano bonaerense hubo otra mujer que rió y lloró al enterarse de la histórica resolución: Vicenta Avendaño, la mamá de L. M. R., otra joven –con discapacidad mental– que también debió sortear un camino minado de obstáculos ilegales para acceder a un aborto no punible. L. M. R. tenía 19 años cuando en 2006 fue embarazada como consecuencia de abusos sexuales perpetrados por un tío y aunque obtuvo un aval de la Suprema Corte bonaerense, no consiguió que le realizaran la práctica en ningún hospital público de la provincia. Finalmente, pudo interrumpir el embarazo en una clínica privada, con el apoyo de organizaciones de mujeres que la acompañaron y ayudaron a juntar el dinero para pagar la intervención. Por este caso, la Argentina recibió una condena el año pasado del Comité de Derechos Humanos de la ONU que dictaminó que las trabas ilegales al aborto no punible constituyeron una violación de los derechos de la joven.

Vicenta le contó a Estela Díaz –responsable de género de la CTA, quien la acompañó y contuvo en aquellos días oscuros– que se enteró del fallo de la Corte mientras miraba televisión. Le dijo que en ese momento no pudo llamarla porque no tenía crédito en su celular. Vicenta es una mujer humilde, vive en la localidad de Guernica. Pero esa mañana lo primero que hizo fue cargar crédito. Quería compartir con Estela la emoción que le provocó conocer la noticia de la sentencia: “No paré de llorar”, le dijo. Pero esta vez fue de alegría, le aclaró, y le contó de la enorme felicidad que sentía por todas las niñas y jóvenes que no iban a tener que pasar por el sufrimiento que vivió su hija y toda la familia.

Estela Díaz se encargó de transmitir esta repercusión del fallo a los miembros del alto tribunal. Les escribió un correo electrónico detallándole su charla con Vicenta: “Gracias, era la palabra que más repetía. Lo hacía en primera persona porque me conoce, pero rápidamente lo hizo extensivo a todas las mujeres que ella conoció que defendieron el derecho de su hija y de tantas otras mujeres a lo largo y ancho del país. Pero también lo hizo extensivo a ustedes, miembros del máximo tribunal, que estaban escuchando con este fallo la voz de mujeres y niñas que habitualmente no tienen voz”, les dijo Estela Díaz.

Las palabras de A. G. y las de Vicenta deberían conmover a quienes tienen ahora la responsabilidad de implementar los protocolos de atención que pongan fin a la violación sistemática de los derechos de las mujeres en el acceso a un aborto no punible. Es muy triste escuchar por estas horas que gobernadores y otros funcionarios de distintas provincias siguen poniendo obstáculos y evadiendo sus obligaciones para garantizar el cumplimiento de la ley.