La medida cautelar de la Comisión Interamericana, firmada por el secretario ejecutivo del organismo, Santiago Cantón, fue anunciada un día después de que el CELS y la CPM enviaran un segundo informe, completando el dantesco escenario con nuevas situaciones aberrantes que agravaban aún más la vida de los 1500 internos de los tres penales de San Martín. Cinco presos fueron asesinados entre la visita del 29 de marzo y la primera semana de abril. Este diario llegó a informar sobre esos casos y sobre una política repetida como hábito, violentas represalias, traslados sin informar a la Justicia y la construcción de la imagen de un SPB incontrolable y dueño de todas las vidas y negocios intramuros.

Luego de la visita del 29 de marzo, fue asesinado Juan Romano Verón, en la U48. El SPB acusó como responsable de su muerte a José Burela Sombra. Lo trasladaron a la U45 de Melchor Romero, sin informar al juez correspondiente y 45 minutos después de pisar la cárcel lo mataron. Otro interno que apenas se movía por imposibilidad física fue acusado por el SPB de participar en una revuelta donde supuestamente lo mataron. La dificultad de control de las cárceles bonaerenses es recurrente y está sostenida por la escasa disposición judicial a intervenir, la dificultad en iniciar investigaciones, y el permanente paraguas que significa tener en la jefatura del Ministerio de Justicia y Seguridad a un abogado del SPB.