Desde Río de Janeiro

Ban Ki-moon con la anfitriona, Dilma Rousseff, en el cierre de la cumbre en Río de Janeiro.
Imagen: AFP.

Los delegados de los 193 países que participaron de la cumbre ambiental se fueron de Río de Janeiro sin ver el sol. Desde el miércoles fueron tres días nublados, lluviosos, grises, con tan pocos matices como el documento que se aprobó anoche: sin avances en nuevas metas para la protección del planeta, pero tampoco retrocesos respecto de los logros alcanzados hace veinte años aquí mismo, en la Cumbre de la Tierra. Este último aspecto es el que rescata el gobierno argentino que, junto al G-77 y China, resistió el embate de los países desarrollados para hacer pagar la crisis ambiental a todos por igual, los que históricamente contaminaron y los que recién están avanzando en su desarrollo económico y social.

La Argentina tuvo ayer al fin su lugar en el escenario de los discursos. No habló Cristina Kirchner, porque regresó a Buenos Aires el miércoles de urgencia por el conflicto con Camioneros. No habló el canciller Héctor Timerman, porque viajó el jueves con igual premura a Asunción, junto a los cancilleres de Unasur, por el golpe institucional en ese país. En definitiva, fue la directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Silvia Merega, la que leyó el discurso ante los delegados. Funcionaria de carrera, con 31 años de trayectoria, fue la principal negociadora argentina en la previa de la cumbre.

“Soy portadora de un llamado de la Presidenta y del pueblo argentino para que todos los países aquí reunidos adoptemos medidas concretas, claras y globales para retomar el camino hacia el desarrollo sustentable, buscando erradicar la pobreza por medio de objetivos ambientales, económicos y sociales”, definió Merega. En el texto, reafirmó la vigencia del principio de que todos los países tienen responsabilidades comunes en materia medioambiental, pero que no son para todos por igual. “A la hora de contribuir al desarrollo sustentable, las obligaciones de cada país deben corresponder con su desarrollo y con sus diferentes responsabilidades históricas en el deterioro del ambiente.”

Aprovechó luego la mención al principio de “plena soberanía de cada país sobre sus recursos naturales”, establecido en el documento, para destacar la reciente estatización de “nuestra principal empresa petrolera”, y para rechazar “en el marco de la disputa por la soberanía de las islas Malvinas las actividades unilaterales británicas” en esa zona, “que incluyen la exploración y explotación de recursos naturales y no renovables”.

También cuestionó la no adopción de medidas de protección de los recursos naturales en aguas internacionales, una iniciativa impulsada con fuerza por la Argentina, pero no mencionó a los países que hicieron valer sus intereses para vetar ese punto: Estados Unidos, Japón, Rusia y Venezuela.

“No existe un modelo de desarrollo único aplicable a todas las naciones”, enfatizó. Pero aclaró que “sí creemos en el deber común de tener en cuenta a cada hombre y a cada mujer, intentando que en cada país el crecimiento sea con inclusión social”, ratificó Merega. Fue la introducción para rechazar “la fiscalización externa” que se pretendió imponer en la cumbre para “garantizar sus políticas de desarrollo sustentable”.

Se refirió luego al controvertido concepto de “economía verde, que aparece hoy en el debate internacional, pero cuya definición aún no tiene consenso”. “Por eso no aceptaremos que la propuesta de una economía verde derive en un proteccionismo verde y fomente políticas que constituyan restricciones encubiertas al comercio internacional con discriminaciones arbitrarias e injustificables”, argumentó. Y sostuvo que “sólo será posible concebir la economía verde como una forma más del desarrollo sustentable, que cada país soberanamente podrá utilizar en función de sus necesidades políticas y sus prioridades nacionales”. Una definición que, en términos idénticos, quedó plasmada en el documento final.

La economía verde había sido impulsada principalmente por países de la Unión Europea, justamente los que se mostraron más decepcionados con el documento final de la Conferencia. Los países en desarrollo creyeron ver en ese concepto la avanzada para una certificación ambiental de productos que, arbitrariamente, podría dejar fuera del mercado a producciones enteras de países periféricos. Desde ese punto de vista, también podría ser un argumento para transferir tecnología, con el consiguiente endeudamiento de las naciones receptoras.

Otra ambición de los países europeos, con el apoyo de algunas naciones africanas, era la creación de un nuevo marco institucional en Naciones Unidas, una agencia para el control de desarrollo sustentable. “La solución no se encuentra en crear más estructuras supranacionales. Por el contrario, impulsamos el fortalecimiento de los organismos que ya están constituidos, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.

Luego se refirió a metas y objetivos concretos, ausentes en el documento final, pero que serán tratados en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Los destinatarios de la conferencia –concluyó la funcionaria– son los países con menos recursos. Por eso la balanza deberá inclinarse a favor de los más desfavorecidos históricamente. Aún faltan grandes temas que acordar, grandes decisiones a tomar y más coraje y fortaleza para llevarlas a cabo. Mientras continuemos con políticas basadas en la prosperidad y riqueza de unos pocos países a costa de la pobreza de muchos, la deuda continuará pendiente.”