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El Estado argentino fue denunciado ante la ONU porque “está violando el derecho a la alimentación adecuada de millones de sus ciudadanos” y reparte programas alimentarios “como dádivas de un sistema clientelista y de sujeción política”. La presentación fue realizada por una organización internacional con status consultivo en las Naciones Unidas, junto con la agencia de desarrollo central de las Iglesias Protestantes de Alemania, luego de completar una “misión investigadora” en el país, cuyas observaciones quedaron plasmadas en un informe al que accedió Página/12. La visita exploratoria constató “la escalada aguda de la desnutrición infantil” en las provincias del norte y concluyó que los programas alimentarios y el Plan Jefas y Jefes de Hogar del Gobierno son “absolutamente insuficientes para garantizar el derecho fundamental a estar libre de hambre y apenas han paliado parcialmente la vulnerabilidad alimentaria”.
El documento con las conclusiones de la “misión investigadora” fue presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, con sede en Ginebra y entregado al Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler. Lleva la firma de FIAN (Food First Information & Action Network), una organización internacional de derechos humanos que trabaja por el derecho a la alimentación y tiene su sede en Alemania, y el Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo. Representantes de ambas organizaciones visitaron el país entre el 15 y el 20 de enero para determinar si el Estado argentino está garantizando el derecho a la alimentación, una obligación asumida por el país a partir de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Para elaborar su informe, la misión germana recorrió poblaciones de Tucumán, Santiago del Estero y el Gran Buenos Aires se entrevistó con organizaciones de piqueteros y desocupados y con una docena de entidades sociales y de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras.
El documento advierte que los beneficiarios de planes alimentarios en el país “siguen padeciendo hambre” y que el subsidio de 150 pesos que se otorga a través del Plan Jefas y Jefes de Hogar “sólo les alcanza a las familias para comprar alimentos durante una semana”. La misión determinó, además, que los programas de ayuda social “se reparten como dádivas de un sistema clientelista y de sujeción política que discrimina a los ciudadanos y las organizaciones que actúan autónomamente”.
En cuanto a Santiago del Estero, las entidades con sede en Alemania, indicaron que hay denuncias de “hostigamientos sistemáticos y continuos de terratenientes y empresas inmobiliarias en complicidad con autoridades judiciales y de policía de la provincia, contra comunidades campesinas para usurpar sus tierras”. Como ejemplo pusieron “la actuación del poder judicial y la policía en el desalojo que sufrieron miembros de la Central Campesina Tortuga” y dijeron que constituye “una clara violación a la obligación de respetar el acceso que estas familias tienen a medios de vida (sus tierras) de los que derivan su sustento”.
También cuestionaron la entrega de alimentos a base de soja en comedores comunitarios, cuando el consumo de ese cereal –indicaron– “no es recomendable para menores de 5 años”, según la opinión de nutricionistas y diversas fuentes consultadas para el informe.
Los miembros de la misión quedaron impactados al respirar el hambre en el Centro Comunitario “Carballito”, ubicado en Villa Muñecas, en la periferia de la ciudad de San Miguel de Tucumán: “La situación alimentaria de los miembros de Carballito es alarmante: muchas de las niñas y niños sufren desnutrición en segundo grado. El día de la entrevista con los integrantes de la misión, las familias llevaban dos días sin comer. La situación de desesperación era tal, que esa mañana habían salido a hacerun corte de ruta para recoger algo de dinero”, señalaron en la denuncia elevada ante la ONU.