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Por Alejandra Dandan y Martín Piqué

Se sabe, en cuestiones de campaña hasta un cafishio es bueno para la recaudación. Eso sucedió con Vicente Serio, aquel hombre de San Miguel multiprocesado por trata de blancas y reducción a condiciones de explotación de un grupo de mujeres paraguayas que trabajaban en sus cabarets. Entre noviembre de 1996 y julio de 2000, algunas de las fortunas ganadas por sus muchachas se repartían entre policías y políticos. Ayer, la Fiscalía de Investigaciones Complejas número 9 de San Martín comenzó a cerrar un capítulo de esa historia: pidió el juicio oral para dos de aquellos comisarios, otros nueve policías y ocho funcionarios municipales. Entre ellos, para dos de los recaudadores de los fondos de campaña del ex carapintada e intendente Aldo Rico que con el paso del tiempo se han reciclado y ahora juegan como pilares para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Uno es Oscar Zilocchi, secretario de Gobierno de San Miguel y candidato a jefe de la comuna por el Modín. El otro es Carlos Pérez, el concejal del distrito que integra la lista de diputados provinciales ligados al riquismo en el Frente Popular Bonaerense (Frepobo).
Los candidatos en cuestión forman parte de un cóctel explosivo. Aldo Rico los conoce desde hace años, cuando se convirtieron en recaudadores oficiales de sus últimas campañas. Zilocchi es uno de los hombres cultivados desde los años de rebeldía carapintada. El convidado número dos, Claudio Pérez, se ha sumado a los bastiones administrativos de San Miguel en el ’96 como concejal del distrito. Pero sus años de popularidad empezaron más tarde cuando una cámara de Telenoche entró a uno de los prostíbulos de los alrededores de Campo de Mayo.
Aquel boliche era parte de la red de prostíbulos manejados por Vicente Serio, el dueño de tres cabarets que funcionaban en José C. Paz, Bella Vista y San Fernando, con cobertura policial y protección política. Aquel caso puso al descubierto una trama de trata de blancas que incluía la comercialización y reducción a la esclavitud de mujeres, algunas menores de edad. Llegaban engañadas desde el interior del país y del Paraguay y eran obligadas a prostituirse. Por aquella causa, Serio está preso. Fue condenado a cuatro años y medio de prisión, acusado de facilitación a la prostitución de una menor, esclavizar y prostituir mujeres.
Lo que entonces Rico no suponía era que aquel escándalo terminaría salpicándolo. En los allanamientos aparecieron agendas y anotaciones que comprometían a sus hombres. Serio era así: un tipo serio y puntilloso. Anotaba nombres, montos, condiciones y contextos en los que iba repartiendo el dinero. En cuatro años entregó 18.000 pesos anuales en concepto de “arreglos”, “coimas” o –tal como indica el expediente– “donaciones para fondos de campaña”. Aquí algunos detalles:
- Aportes de campaña El 15 de setiembre y el 15 de octubre 1999 Vicente Serio anotó: “Pagos de 4000 pesos para la campaña política de Claudio Pérez y Oscar Cilochi (sic)”.
- Aportes semanales: A lo largo de cuatro años, desde noviembre del ’96 hasta marzo del ’99 y desde el 15 de junio del ’99 hasta el 4 julio de 2000, Serio pagó una suma de 500 pesos semanales para “el Ejecutivo de San Miguel” y, en cuenta aparte, “al Concejo Deliberante”.
Estos pagos le permitían seguir adelante con la cadena de prostíbulos, una actividad supuestamente prohibida en el territorio bonaerense. Ahora estos datos forman parte de las pruebas de una causa paralela por cohecho y enriquecimiento ilícito que investigó la UFI 9, coordinada por Edgardo Ledesma, en San Martín. Ayer, todo el expediente pasó al Juzgado de Garantías de Roberto Quintana, el juez que tendrá veinte días para decidir si eleva la causa para el juicio oral o les otorga el sobreseimiento a los imputados.
Los cargos más graves pesan sobre tres hombres: sobre Carlos Pérez, sobre el ex comisario de San Fernando Ricardo Pyzynsky, uno de los hombres que aún sigue en actividad en la Dirección General de Investigaciones Complejas de La Plata (ver aparte) y sobre un sargento primero de su repartición, Leandro Segovia. En los tres casos, la fiscalía encontró elementos para acusarlos por cohecho y enriquecimiento ilícito.
En el caso de Pérez, que está con licencia sin goce de sueldo en el Concejo, los elementos parecen rotundos. A lo largo de la investigación, la fiscalía le pidió detalles sobre su patrimonio. El concejal presentó algunos documentos, insuficientes para los fiscales. Desde el ’96, cuando comenzó en el Concejo Deliberante, Pérez era un pobre diablo: casa alquilada y auto usado. Desde ese momento hasta el año 2000, consiguió casa nueva en San Miguel, un duplex de 100 metros cuadrados en Punta Mogotes, un terreno lindero al duplex de Punta Mogotes, con piscina, un Renault Laguna, un Renault Clio Diesel, una camioneta Ford Ranger, tres cuatriciclos.
Todo con un sueldo de 1200 pesos por mes, más el de su mujer, Stella Maris Repetto, municipal, de un monto semejante. Durante las indagatorias, Pérez intentó justificar ese patrimonio con, por ejemplo, la participación de su mujer en una peluquería. El supuesto socio era un tal Héctor Ferrandi. Pero cuando los investigadores lo entrevistaron, se llevaron una sorpresa. Ferrandi “jamás se había enterado de que tenía una sociedad con Repetto”, explica ahora una de las fuentes. Conocía a la mujer del concejal sólo porque en el `95 le había prestado 20 mil pesos para poner el local, préstamo que Ferrandi devolvió para el año 2000.
El concejal no es el único que está en problemas. El resto de los imputados está acusado por cohecho pasivo, es decir, “por haber recibido sumas semanales con el objeto o a los efectos –dice la requisitoria– de omitir el cumplimiento de las disposiciones legales que prohíben el ejercicio de la prostitución”. La pena prevista en estos casos es de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para cumplir funciones públicas.
Vicente Serio habló de este punto en una de las indagatorias. Cuando le preguntaron sobre aquellas anotaciones de su agenda, dijo “que las mismas se correspondían por lo que tenía que pagar por arreglo o coima, o donaciones”. Serio está acusado ahora de cohecho activo. Y en este contexto, ni Pérez ni Zilocchi parecen tener buenas perspectivas.