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Un polémico proyecto de ley sobre minoridad que amplía el poder de los jueces sobre niños y adolescentes iba a ser tratado ayer en la Legislatura bonaerense con el apoyo del bloque de senadores del PJ. Sin embargo, a última hora, el tratamiento fue suspendido por el presidente del Senado y autor de la iniciativa, Alejandro Hugo Corvatta, tras conocer la oposición de diversas organizaciones de derechos humanos. Entre ellas, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños y Adolescentes (CASACIDN), presidido por Estela de Carlotto, quien calificó el proyecto como un intento de “judicializar la pobreza”. La suspensión fue confirmada anoche a Página/12 por voceros de Corvatta, que aseguraron que la semana próxima el senador se reunirá con representantes de esta organización para escuchar sus propuestas.
“Este proyecto representa la más cruda expresión del gatopardismo bonaerense: decir que se cambia algo para no cambiar nada, pero con el peligro cierto de legitimar instituciones y prácticas aberrantes para la infancia excluida”, concluye la denuncia de la CASACIDN. En ese informe se acusa a la “Ley Corvatta” de convertir el “juzgado de menores en una especie de superpoder extraconstitucional” y de “judicializar cuestiones sociales, económicas y asistenciales”.
El proyecto que iba a tratarse ayer les otorga a los jueces la facultad de derivar a institutos de menores a chicos de la calle o en situación de abandono o desamparo, algo similar a lo que ocurre actualmente con la aplicación del decreto 10.067, de la última dictadura.
Aunque sus defensores argumentan que la iniciativa de Corvatta “viene a llenar un vacío legal”, la oposición apunta a que esta ley implicaría la suspensión de otra sancionada en 2000 por unanimidad y suspendida por la Suprema Corte bonaerense. Esa norma proponía la aplicación de medidas asistenciales para los chicos en situación de riesgo, en lugar de derivarlos a institutos. “La Corte la suspendió por lobby de los jueces pero nunca se expidió sobre la inconstitucionalidad. Si aprueban este proyecto, en cambio, la ley anterior quedaría derogada”, cuestionó ayer la diputada Laura Mussa. Y remarcó: “El vacío legal debe ser llenado por las convenciones internacionales incorporadas a nuestra Constitución pero que ellos no quieren aplicar”.