A dos años del derrumbe de un entrepiso del boliche Beara, la madre de una de los dos jóvenes fallecidas reclamó ayer en una carta abierta que sean juzgados ocho funcionarios del gobierno porteño, sobreseídos la semana pasada. “Mi hija ya perdió su vida, ¿también perdió sus derechos como ciudadana de que se castigue a los culpables?”, sostuvo en su misiva Alicia Tagliaferro, la mamá de Leticia Provedo, quien falleció en Beara junto a Ariana Lizarraga. El fallo que procesó a los empresarios del boliche en Scalabrini Ortiz al 1600 y sobreseyó a los funcionarios fue apelado por las familias damnificadas y también por el fiscal Andrés Madrea. “A los funcionarios ni siquiera los indagaron, algunos todavía trabajan para el gobierno porteño”, señaló a Página/12 Tagliaferro.

“Leticia tenía 21 años, era intensa, alegre, trabajaba, estudiaba sociología, tenía muchos amigos, y era entrañablemente amada. Pero ya no está, perdió su vida en un instante. No tenía una enfermedad terminal ni fue víctima de violencia callejera. Leticia murió porque empresarios inescrupulosos, en connivencia con funcionarios corruptos, habilitaron un boliche, Beara, promocionado por la página del Gobierno de la Ciudad como lugar seguro y al ir a ver un show en vivo, a los pocos minutos de llegar, se desplomó el entrepiso y murió aplastada junto su amiga Ariana”, principia la carta titulada “Beara, a dos años de la tragedia”.

Ese entrepiso, agregó Tagliaferro, fue construido por los empresarios para expandir su capacidad. “Si estaba habilitado por los funcionarios, entonces tienen que responder por lo que hicieron. ¿Si no para qué están las habilitaciones? ¿De qué sirven si no tienen responsabilidad por lo que firman? Sabemos que hubo inspecciones, pero debieron ser cuando no había gente, porque en el lugar se permitían fiestas privadas, pero en verdad era un boliche encubierto”, explicó a este diario la madre de Leticia. Entre los funcionarios, dijo, están quienes presentaron los planos, inspeccionaron, habilitaron y levantaron las clausuras.

Algunos de estos funcionarios estaban siendo investigados por el juez Juan Ramos Padilla y cuando los familiares, al ver que no se los indagaba, pidieron que se conectara la causa, la Cámara Federal porteña resolvió que la causa de Beara estaba más avanzada. “Eso fue el año pasado, pero la jueza (Patricia) Iermini no los indagó, lo cual resulta una defensa de esas personas. ¿Por qué no quiere escuchar lo que tengan ellos para decir?”, comentó Tagliaferro, quien recordó que uno de ellos, el ex director de Habilitaciones porteño Martín Farrell, se postuló como juez.

“Es increíble lo de Farrell. Es el funcionario que le levantó las clausuras a Beara, cuando había recomendaciones de no hacerlo de los propios inspectores”, aseguró la mujer. La jueza Iermini argumentó que no hay pruebas de cohecho (coima) que impliquen a las autoridades porteñas, por lo que decidió sobreseerlas a todas. Sin embargo, Tagliaferro insistió en que el fiscal sí presentó pruebas. “Por eso, no solamente apelamos los familiares, también lo hizo la fiscalía”, señaló. Los querellantes y damnificados ya habían apelado la elevación a juicio oral porque se limitaba sólo a los empresarios.

“Sé que nadie las va a volver a la vida, sólo deseo justicia real para que no se jacten de su impunidad y otros padres pierdan a sus hijos porque continúan armando y habilitando boliches, convertidos en verdaderas trampas mortales. Quiero creer en que otras instancias a las que hemos apelado nos devuelvan la fe en la Justicia, y que todos como sociedad seamos custodios de que en estas causas se llegue a la verdad y no sean cubiertas por la impunidad que nos mata de a poco”, dice otro tramo de la carta. Los empresarios procesados, afirmó Tagliaferro, ya abrieron el boliche Caramel al lado de Beara: “Y también tiene un entrepiso”.