El pedido de un aborto no punible de una joven víctima de trata, que resultó embarazada al ser violada en su cautiverio en prostíbulos, llegó ayer a la Corte Suprema. A partir de una presentación de los abogados de la mujer, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad ratificó ayer por la tarde el fallo de un juez de ese fuero que el viernes había rechazado un recurso de amparo de la organización ultracatólica Pro Familia que pretendía impedir la interrupción legal del embarazo. Y al mismo tiempo envió el expediente al máximo tribunal para que resuelva el conflicto de competencia entre la Justicia porteña y la civil nacional, a la que pertenece la jueza Myriam Rustán de Estrada, que en un trámite irregular suspendió la intervención.

La decisión fue adoptada por la Sala I, que integran Inés Weinberg, Carlos Balbín y Mariana Díaz. Todo indicaría que la Corte se expedirá sobre el caso en las próximas horas. Los abogados de la mujer, Josefina Durán, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y Pablo Vicente, pedirán hoy al máximo tribunal que dada la urgencia del caso –la mujer cursa la novena semana de gestación– ordene además la realización inmediata del aborto no punible. Al mismo tiempo, en la jornada de ayer, la jueza Rustán de Estrada fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por su intervención arbitraria y su decisión de suspender la práctica médica, y el jefe de Gobierno Mauricio Macri ante la Cámara del Crimen por revelar detalles del procedimiento, como el día y el lugar donde se realizaría, lo que permitió la intervención del grupo fundamentalista y la judicialización del caso (ver aparte).

La mujer, de 32 años y madre de tres hijos –el mayor de 18 años–, dejó ayer el Hospital Ramos Mejía, donde estaba programado el aborto para ser realizado el martes, y fue trasladada a un refugio para víctimas de trata para protegerla, dado que recibió amenazas de las redes mafiosas que la mantuvieron cautiva en los últimos meses y de las cuales pudo escaparse. Cuenta con el apoyo y la asistencia de un equipo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que encabeza Zaida Gatti.

En su fallo del 13 de marzo, conocido como “F.A.L.”, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad del aborto en casos de violación y señaló que no se debe pedir una autorización judicial a la mujer que lo solicita y que sólo basta con que presente una declaración jurada para acceder a la práctica en un hospital.

Organizaciones de mujeres se concentrarán hoy a las 17 frente a la Jefatura de Gobierno porteña para reclamar a Macri que garantice la realización del aborto no punible solicitado.

“Este caso muestra cómo el acoso judicial no va a terminar tan fácilmente después de la sentencia de la Corte: ni aun con la seriedad y contundencia de los argumentos constitucionales y convencionales que dio la Corte en un voto unánime. Los activistas anti derechos así y todo no se convencen de que Argentina es un Estado laico donde el derecho no impone ni puede imponer una determinada concepción moral ni religiosa. Así como el Código Penal no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, aunque ponga en riesgo la vida, o la salud de una mujer, o aun cuando sea el producto de la violación de su derecho a la integridad personal y dignidad, tampoco penaliza a quien sí decida hacerlo en esos casos. Hay un espacio para el ejercicio de la libertad personal y es la decisión de la mujer de tomar o no tomar el permiso que da el artículo 86, libre de interferencias del Estado y de terceros”, señaló en diálogo con este diario la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA.

Su intervención irregular en el caso le costará a jueza Rustán de Estrada un pedido de jury, que podría derivar en su destitución. Por su polémico fallo del martes, con el que suspendió el aborto no punible, la diputada kirchnerista Diana Conti la denunció ayer ante el Consejo de la Magistratura. Legisladores porteños de la oposición harán hoy otra presentación en el mismo sentido.

“No sólo la magistrada se aparta del derecho aplicable al caso, por tratarse de un aborto no punible, sino que resulta de total mal desempeño no haber escuchado a la mujer embarazada”, consideró Conti. “El derecho y su aplicación por parte de los jueces tienen como objetivo la resolución de casos concretos, y para ello es ineludible conocer las circunstancias y protagonistas, en este caso, la mujer que, amparada por el Código Penal, quiere abortar”, agregó la legisladora.

En la presentación, se acusa a la jueza de “haber fallado teniendo en cuenta sus propias subjetividades impregnadas de prejuicios, sin basamento en el derecho, sin conocimiento de los hechos, dejando de lado la objetividad e imparcialidad que deben conservar los jueces, poniendo en riesgo la integridad psicofísica de la víctima, incrementando su victimización y la violencia institucional contra ella y privándola del resguardo de sus derechos constitucionales y de la garantía de un proceso judicial imparcial al que la mujer se vio arrastrada”.

El abogado Pedro Javier Andereggen, apoderado de la Asociación Pro Familia que promovió el recurso de amparo, hizo la presentación ante la jueza luego de que un planteo similar fuera rechazado el viernes por el juez del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler. La presentación ante Rustán de Estrada no pasó por la mesa de entradas de la Cámara para el sorteo de juzgado, como es el trámite habitual.

Para Gherardi, “Macri debe ser responsabilizado por su participación en la violación de secretos que terminó con esta violación de derechos de la mujer y sucesivos hechos de violencia institucional que todavía no termina”. “Pero, además, debe admitir que le debe a las niñas y mujeres de esta ciudad un sistema de salud respetuoso de sus derechos. Y eso no se consigue con el protocolo de aborto no punible que redactó el ex ministro de Salud Jorge Lemus”, opinó.

Además de la jueza y Macri, también enfrentará una demanda judicial por su actuación en el caso el director del Hospital Ramos Mejía. El diputado porteño Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) anticipó que hoy a las 10 lo denunciará porque “en vez de proteger a la mujer, Carlos Mercau dejó filtrar los datos de la mujer que permitieron el escrache –que se realizó el fin de semana en su casa– y el amparo medievales”. “Por eso, aparte de la responsabilidad política de Macri, acusamos al director del hospital como ‘instigador de amenazas coactivas’. Hay que terminar con toda esta cadena de complicidades contra los derechos de las mujeres”, señaló Bodart.