Jueves, 11 de octubre de 2012 | Hoy
EL PAíS › LA POLéMICA POR LA AUDITORíA GENERAL
Los auditores del oficialismo no concurrieron a lareunión del organismo convocada por Leandro Despouy,quien llamó a una nueva sesión hoy a la tarde.
Por Sebastian Abrevaya
La discusión en torno de la presidencia de la Auditoría General de la Nación llegó ayer a fracturar el organismo de control externo del gobierno nacional. El oficialismo insistió en desconocer el mandato de Leandro Despouy al frente de la AGN, por considerar que se encontraba “acéfala” desde marzo de 2010, al cumplirse los ocho años de plazo que marca la Ley de Administración Financiera. Por este motivo los cuatro auditores generales que corresponden al kirchnerismo no asistieron al plenario de auditores convocado por Despouy, dejando sin quórum la sesión. “El daño institucional se propaga sobre la Auditoría. La prueba es que no podemos tener una reunión regular”, sostuvo ayer Despouy, quien buscaba aprobar el informe sobre el saneamiento del Riachuelo solicitado para hoy por la Corte Suprema.
La crisis institucional en la AGN se profundizó ayer, luego de que la semana pasada el titular de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, Fabián Ríos, le comunicara a Despouy que su mandato había caducado y que no lo reconocerían más en el cargo hasta tanto el radicalismo no cumpla con los requisitos formales para la designación del titular de la AGN. El titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, le solicitó a la UCR que envíe una nota formal al Congreso proponiendo la ratificación de Despouy o la candidatura de otra persona, según marca el artículo 123 de la Ley de Administración Financiera. El radicalismo y Despouy denunciaron un “golpe institucional” porque consideraron que la Constitución no fija plazos rígidos para la presidencia de la AGN y que la vigencia de ocho años establecida por la ley es “inconstitucional”.
Antes de esta situación estaba convocada la reunión de auditores, donde debían tratar, entre otros temas, el informe sobre las irregularidades en la ejecución presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La Corte Suprema le había pedido el informe a la AGN, que ya había remitido uno provisorio, hoy esperaba aportar el definitivo en la audiencia pública donde convocó al titular de la auditoría. Cerca de Despouy interpretaban como un gesto positivo la invitación de la Corte, que fue ratificada ayer por la tarde.
A las 12 del mediodía, Despouy se había sentado en la sala de reuniones, acompañado por el auditor radical Alejandro Nieva (Horacio Pernasetti, el otro auditor de la oposición se ausentó porque falleció su padre). Los oficialistas Vicente Brusca, Vilma Castillo, Javier Fernández y Oscar Lamberto no aparecieron. “Hago un llamado a mis colegas a que continuemos este insistente esfuerzo y los convoco para las cinco de la tarde”, sostuvo Despouy luego de detallar los “relevamientos de suma importancia” que figuraban en el orden del día y ratificar su continuidad en el cargo.
Durante el día, los seis auditores (menos Despouy) recibieron una nota de Ríos, ratificando la interpretación sobre la “acefalía” de la AGN, instruyendo a no concurrir a la convocatoria y responsabilizando a la UCR por el entorpecimiento del funcionamiento del organismo.
El presidente del comité radical, Mario Barletta, envió una nota a los presidentes de Diputados, Julián Domínguez, y de Senadores, Amado Boudou, rechazando la interpretación del oficialismo, pero al mismo tiempo ratificando el respaldo a Despouy. “Es inconcebible que se pase por alto el texto del artículo 85 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, y que se invoquen con ligereza normas de la ley 24.156, anteriores a la reforma e inaplicables frente a lo dispuesto en una norma suprema”, dice el texto firmado por Barletta, que además amplió su denuncia penal contra Ríos por “abuso de autoridad”.
Despouy convocó a una nueva reunión para hoy a las 14, luego de la audiencia de la Corte. Fuentes del oficialismo adelantaron que no concurrirán hasta tanto el radicalismo no nomine formalmente a quien debe conducir la Auditoría General.
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